Tribuna abierta de opinión

Instituciones,Democracia y Libertad

lunes, 6 de agosto de 2012




COMENTARIO

LA AGENCIA
Javier Pipó Jaldo
http://elblogdejavierpipo.blogspot.com

6 de Agosto de 2012

                        RESULTA atractivo meter la crítica en la minireforma de Griñán y su Administración periférica, mas de tres años desde que la anunció, para comprobar la pobreza de su equipo de diseñadores de la Andalucía del futuro, peronismo en estado de lenta evolución. Sin embargo, creo ahora más oportuno dirigir la mirada al que hasta el momento ha sido un ente de la Junta que por razones desconocidas o mejor no conocer, ha permanecido en la clandestinidad institucional desde su creación en 2007 o del inicio de su actividad en enero de 2010.

Me refiero a la Agencia Tributaria que a pesar de los tiempos que corren sacando pecho en la llamada lucha contra el fraude, véase el vacío Acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado martes; del derroche de medios empleados en el empobrecimiento progresivo de la Región y de la cantidad ingente de empresas, organismos, consorcios y demás arquitecturas institucionales efímeras e inútiles - terminales del Estado del bienestar, dicen ahora sin pudor - mantiene cierto aire de justificación y apariencia de utilidad.

Ciertamente la necesidad de su puesta en marcha es discutible, como lo es la AEAT, porque nadie duda que el cumplimiento de los fines encomendados son perfectamente alcanzables en Administración directa dependiendo de la Subsecretaria del Ministerio en el caso de la estatal o de la Viceconsejeria de Hacienda, vía Dirección General de Tributos en la C.A. En la doctrina se justifica porque el ente aparece dotado de ciertas especialidades presupuestarias y de alguna autonomía en materia de personal.

¿Ha ocurrido eso en el caso de la Agencia andaluza, a la que se le reconoce el carácter de especial, eso sí? Pues no lo crean.

Para ubicar la banalidad basta recordar la fecha de creación y comprobar que nos movemos en la culminación de esa nefasta segunda vuelta que con la soga zapateril y reformista de los Estatutos se procede al ahorcamiento de la Nación española.

Veamos. La Agencia Tributaria Catalana es criatura del inconstitucional Estatuto catalán de julio de 2006 - ¿se cumplirá alguna vez la STC?, nunca - y su Ley reguladora de julio de 2007. El inútil Estatuto andaluz, marzo de 2007, alumbra la Agencia en su artículo 181. La Ley que le da forma es de 18 de diciembre del mismo año. Todo casualmente coincidente. La razón, necesidad de mantener vivo el agravio comparativo, incluso en la creación de organismos. Si lo tiene Cataluña, los andaluces y las andaluzas no somos menos, no merecemos menos.

Pues bien. La Agencia, a la que se encomienda la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios, así como de los estatales cedidos, se pone en marcha con aproximadamente las siguientes e increíbles notas propias. Se despliega en el territorio andaluz mediante las llamadas Coordinaciones Territoriales, ubicadas en las Delegaciones Provinciales de Hacienda confusamente, sin apenas identificación. Carecen de personal, recurriendo al de la propia Delegación en dependencia funcional. Al frente sitúan ocho “coordinadores” responsables de su funcionamiento. Nombre de resonancia politica pero sin ajuste a la función administrativa que realizan ya que dictan actos administrativos recurribles.
Pero ojo, porque la tradicional división organizativa de la Administración tributaria española en órganos administrativos cuyos titulares son funcionarios altamente cualificados e independientes, como Inspección, Recaudación y Gestión, aparte relaciones con el contribuyente, en la Agencia andaluza el coordinador resuelve la universalidad de los actos. Como en las llamadas Oficinas Liquidadoras, en manos de Registradores de la Propiedad, que cobran parte de lo recaudado, aproximadamente la mitad de la gestión. Igual que la recaudación en vía ejecutiva, en manos de burocratizadas empresas de las Diputaciones, cobrando en función de lo recaudado ¿Pero es posible? Así es. Y dejamos para mejor ocasión la inexistente materia presupuestaria o la notoriamente mejorable estructura central.

Entonces ¿qué es esto?¿para que sirve? Hasta cuando seguiremos con instrumentos esenciales con o sin crisis en los que no creen ni quien los crea, ni quienes figuran como responsables de su existencia.

Pero todo es susceptible de empeorar y el Decreto de 31 de Julio desplaza la organización a depender de las Delegaciones del Gobierno, menos mal que no de los camaradas coordinadores de Valderas, los nuevos comisarios. Y ya no las llama Coordinaciones Territoriales, para evitar confusiones con aquéllos. Ahora les denomina Gerencias.

Que horror tanto error.

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