COMENTARIO

DOS EPISODIOS (I)

Javier Pipó Jaldo
http://elblogdejavierpipo.blogspot.com

26 de Agosto de 2012

Dos hechos avergüenzan a la Andalucía culta, formada y capaz de elaborar algún tipo de pensamiento. Sería mejor no reseñarlos, salvo se tenga conciencia  de la necesidad de contar con instituciones fuertes en una democracia consolidada de la que estamos cada vez más lejos. Hoy comentaremos el primero y dejaremos el segundo para el próximo día.

Lamentablemente hay que señalar la persistencia chulesca de las fechorías reiteradamente cometidas por la banda Gordillo que tanta repercusión está teniendo en la prensa nacional e internacional y daño al prestigio de Andalucía con este nuevo episodio de los adalides del progreso que la llevará al hundimiento irremediable en el subdesarrollo. Y corre parejo con el que está alcanzando la Nación española en el mundo desarrollado y democrático, en momento tan delicado para la economía y su financiación. Pero ya me dirán la actuación cada vez más torpe de un Ministerio del Interior perdido en la bruma del error creciente.

Ayer se publicó en la prensa nacional una entrevista con Ignacio de Medina, propietario de la asaltada finca de Moratalla en Hornachuelos, donde se encuentra ubicada una Casa Palacio y unos jardines estilo francés integrado en el neosevillano, diseñados por Forestier.

En la entrevista, el Duque de Medina lanza duras acusaciones contra el Ministro que había especulado sobre la connivencia de asaltantes y asaltados. Pone los pelos de punta tanta estulticia institucional. Se trata de un episodio, un episodio más, penoso como el de Bolinaga, de una democracia sin rumbo que ya no asegura a sus ciudadanos ni tan siquiera aquello que históricamente justifica la existencia del Estado mismo: la seguridad. Ahora resulta que estando presentes las fuerzas de orden público en el escenario de los desmanes sin acción alguna, exigen que la victima presente denuncia ante las autoridades. Claro, entendemos muy bien. La parte acusatoria debe ser ciudadanos intolerantes que no permiten les ocupen su propiedad y presionan ante policía y jueces como vulgares acusetas. Si las autoridades comprueban y prueban algún tipo de lesión, incluso moral, reconvendrán democráticamente con quien en última instancia no hizo más que ejercer su derecho a manifestarse. Todo ello al ser posible dialogando y poniendo en concurrencia los intereses de las partes.

Pues vamos bien, de éxito en éxito hasta el fracaso final.

Ojo, la tolerancia tiene que tener un límite. La asistencia pasiva contemplando delitos que quedan no solo en la impunidad sino que encuentran eco en fuerzas políticas irresponsables y otras de vocación más o menos golpista amparando, comprendiendo o tutelando los desafueros, tiene que tener consecuencias. Ojalá no las tenga.