El informe no deja lugar a dudas. Y su conclusión es que las regiones españolas del régimen común -todas salvo las que se benefician de un sistema foral-
‘subvencionan’ cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA.
Cataluña, Madrid y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas más perjudicadas por el procedimiento. En todos los casos, por encima de los 300 millones de euros anuales que se transfieren
de forma ilegítima respecto de lo que en realidad correspondería si se aplicará la norma según lo recaudado. Con más de cien millones de euros de aportación adicional y menos de 200 millones aparecen
Castilla y León,
Galicia y la
Comunidad Valenciana. El resto de regiones aporta menos de 100 millones al País Vasco sin ninguna contraprestación.
Los cálculos aparecen
publicados en
Crónica Tributaria, una revista editada por un órgano oficial -el
Instituto de Estudios Fiscales-, y los ha elaborado
Javier Vicente Matilla, inspector de la Agencia Tributaria. Y parten del hecho de que si la recaudación total del IVA en todo el territorio español se situó en 2008 en 43.914 millones de euros, al País Vasco le correspondería ingresar -en función de sus
índices de consumo- 2.469 millones. Sin embargo, logra 4.289 millones del Estado, lo que significa que la diferencia (esos 1.820 millones) es lo que subvencionan las regiones del régimen común a Euskadi. Todas excepto Navarra, que también dispone de un régimen foral.
Según sus cálculos, el consumo del País Vasco representa el 5,6% del conjunto de España; mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) es del 6,3%. Sin embargo, el índice de
capacidad recaudatoria fijado en el cupo –la cantidad que paga cada año el País Vasco para
sufragar los gastos generales del Estado- es del 5’7%.
Este porcentaje es
muy inferior al índice de recaudación real, que es del 7’2%, aunque después del correspondiente ‘ajuste’ se transforma en el 8’3%. Esas diferencias entre lo que ingresa el País Vasco gracias al
Cupo y lo que debería ingresar, son las que explican las
transferencias de rentas hacia el País Vasco procedentes del resto de regiones, cuyo nivel de riqueza es muy inferior.
Distorsiones y enriquecimiento
En palabra de Esteban Matilla, estamos ante la aplicación de unos
“índices políticos” que nada tiene que ver con la realidad, lo que produce enormes distorsiones en la distribución de la carga fiscal entre comunidades autónomas. En concreto, el índice de capacidad recaudatoria asignado en el cupo (artículo 14) es muy inferior a la recaudación real, lo que supone
menor aportación al Estado, y el índice de consumo establecido para el País Vasco es muy superior al real, lo que supone que “el País Vasco tenga una mayor participación en el IVA ingresado en el Estado”.
Estos dos efectos, por un lado lo que el País Vasco deja de pagar al Estado, y, por otro, lo que el Estado le paga de más, producen, en opinión del autor del informe, “una
distorsión que determina el
enriquecimiento de las administraciones forales, en perjuicio del resto de comunidades autónomas”.
Según el autor del artículo, el sistema del Cupo -regulado por el
Concierto Económico- es unidireccional, ya que solamente paga el Estado. Hasta el punto de que los niveles de fraude en el IVA que reconoce la Administración central, y que, por lo tanto, aminoran las entregas, no se aplican en el caso del País Vasco. Y ese fraude es el que se deduce de los ajustes sobre el consumo. El último
Concierto Económico se firmó en 2007 y tiene vigencia hasta 2011, igual que la
metodología de elaboración del cupo
Esta realidad se produce pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estableció en una sentencia del año 2008 que se deberían evitar sistema tributarios
“privilegiados”. El resultado, sin embargo, es que la
presión fiscal efectiva en el País Vasco es menor de la que existe en el resto del territorio.
El estudio publicado por Crónica Tributaria no es, desde luego, el único ni el primero que alcanza esas conclusiones. El economista
Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC –otro organismo oficial publicó
otro estudio en el que concluía que la contribución del País Vasco a la Hacienda estatal es “
muy inferior a lo que debería ser de acuerdo con la legislación básica actualmente en vigor”.
El origen del desajuste, sostenía De la Fuente, está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma
“muy discutible”. Los problemas fundamentales que detectaban eran dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco está
“fuertemente sesgada a la baja”. Y, segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto.
El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de
rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007
