La Opinión de Javier Pipó

LA AZOTEA

LA SITUACIÓN

24 de Noviembre 2012

Dice el artículo 1º de nuestra hermosa y ya casi olvidada Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Empeño maravilloso que ya se recuerda como el mandato a los españoles contenido en la de 1812: que sean justos y benéficos.

En pocos años hemos pasado de que en efecto los poderes del Estado residan en el pueblo a que tras rapto progresivo e implacable sean los partidos políticos y las organizaciones sindicales las que administren la soberanía y la reconduzcan a sus intereses anclados en la corrupción. El pueblo español, el pobre pueblo español, queda nuevamente esperando el aire esperanzado de su protagonismo. Y curiosamente tanto los partidos políticos como los sindicatos no tienen más naturaleza que el de “organizaciones sociales con relevancia constitucional” los unos (STC 23/1984) y de “formaciones sociales con relevancia constitucional” las otras (STC 18/1984). Es más, en otra memorable Sentencia del TC, la 10/1983 – de cuando el TC dictaba sentencias memorables – dice que los actos de un partido político no son actos de un poder público. Ya ven.

¿Acaso no han llegado a confundirse los partidos y el poder público? ¿Existe una parcela de poder público que no esté en manos de los partidos? ¿En lugar alguno se diferencia el poder público y los partidos? ¿Existe algún rincón institucional sin representación de los caducos y reaccionarios sindicatos? ¿Queda algún acontecimiento de la vida nacional sin opinión del pilimili sindical? Hasta del aborto o de cualquier otro tema de naturaleza moral, incluso de la educación diferenciada tienen foro de opinión los cantamañanas sindicales pero no por ejemplo un obispo de la Iglesia católica o de cualquier ámbito religioso, sin que el lobby completo de la soberanía nacional y profesionales de la misma carguen descalificando cualquier opinión que ose trazar la diferencia.

Así pues, los partidos políticos se apoderaron de la democracia y la convirtieron en partitocracia, en burla patética, imperdonable e irreversible del espíritu y la letra de la Constitución. La soberanía nacional reside pues en los partidos políticos y en las organizaciones sindicales.
Nos acercamos a la democracia bolivariana o a la aparente democracia argentina, con sus piqueteros que paralizan la vida económica sin que nadie se atreva a regular su papel en el ejercicio de los derechos constitucionales. Ahí tienen la última huelga general o el espectáculo de la recogida de basura en el arruinado Jerez. Episodios que descalifican un sistema. Pero quien quiera mirar y no volver la cabeza, ahí está presente la ola de corrupción inmunda que recorre el territorio nacional y que encontró aliados hasta en el poder judicial.

Y aquí, la dormida Andalucía con el episodio dramático de los EREs y las conclusiones de la famosa comisión parlamentaria que llena de pavor y bochorno cualquier mínima sensibilidad democrática.
Ya lo advertimos. El PP jamás debió prestarse a participar en tan burda e insultante bobada, simplemente por higiene democrática. Anticipé en mi AZOTEA, “La Pamplina” del pasado día 15, que la oligarquía politico-administrativa se revolvería contra el exInterventor General de la Junta, Sr. Gómez Martínez, que lo fue desde 2000 a 2010. Pues ya tenemos el informe final. Los “cuatro golfos” que decían los socialistas han quedado en dos. Y uno de ellos, dicen, es precisamente el Interventor, que hoy escribe con mucha dignidad en la edición andaluza de EL MUNDO una carta estremecedora y que todo demócrata interesado debería leer. Carta que es como el canto sin esperanza de quien se ve solo en la lucha por las instituciones, por el principio de legalidad, por el imperio de la ley. Es el documento que da fe de una democracia secuestrada por partidos políticos refugiados en las coartadas que ofrece el ordenamiento jurídico, articulando una gigantesca estafa, histórica, repleta de falsedades, medias verdades y engaños mientras se afanan en el saqueo y el enriquecimiento ilícito. Mientras, el pueblo, que era el anterior propietario de la soberanía asiste atónito a su empobrecimiento progresivo e imparable.

Pero los ejemplos se extienden por todo el territorio nacional y por el que quiere dejar de serlo. Ahí está el entramado podrido de la olla catalana y sus vinculaciones con jueces y fiscales, que desde luego y agraciadamente no son todos pero sí con más poder que los buenos. El resultado pues ya lo ven. Y los partidos salpicados de fango serán votados con entusiasmo. Como se vota en Argentina a los peronistas. Como en Venezuela a los chavistas.

Y ya me dirán la Comunidad Valenciana, corrompida hasta el cuello y encima arruinada, como todas. Pero claro, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía es la mayor parte del PIB, de población y de extensión territorial. Y dejemos atrás Castilla la Mancha o Extremadura o la bomba por explotar del País Vasco. Pues es la situación.