EL CONFIDENCIAL
LOS MERCADOS CONSIDERAN INEVITABLE LA INTERVENCIÓN DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA
Carlos Sánchez
19/06/2012
Las elecciones griegas no sólo no han despejado el camino; sino que, al contrario, lo han enfangado un poco más. O bastante más, habría que decir. Hasta el punto de que los mercados dan ya por hecho que España -y no sólo la banca- tendrá que ser rescatada en las próximas semanas por la Unión Europea.
La experiencia dice que ningún país ha podido evitar el rescate en las actuales condiciones financieras de España. Con mercados cerrados para las empresas privadas -altamente endeudadas- y financiación extremadamente elevada para el sector público. Y las fechas clave que se apuntan para negociar los términos son dos: la reunión del próximo viernes en Roma entre Rajoy, Merkel, Monti y Hollande (a iniciativa de Italia), y el Consejo Europeo de Bruselas, los días 28 y 29 de junio.
En palabras de un alto ejecutivo de un gran banco, “la intervención es inevitable”. Y lo justifica con un ejemplo. Un país intervenido como es Irlanda ya tiene una prima de riesgo soberano -599 puntos básicos- que se sitúa apenas 24 puntos por encima de la española. Y eso que Irlanda (como Grecia y Portugal) no tiene que acudir al mercado al tener cubiertas sus necesidades de financiación con fondos europeos. Según sus palabras, el deterioro “ha cogido velocidad”. Y ayer la prima de riesgo subió nada menos que 31 puntos en un solo día, lo que significa que los inversores están deshaciendo posiciones en España, aunque sea con pérdidas por la caída de los precios. La palabra ‘quita’ ha vuelto a aparecer con fuerza en los mercados al hablar de la deuda pública.
Lo que parece también claro es que la intervención no tiene por qué ser ‘convencional’, es decir en los mismos términos que se ha hecho con otros países periféricos. Al contrario, podría basarse en una especie de ‘anclaje’ de la prima de riesgo, como ha hecho Suiza con el franco para detener su apreciación.
De esta manera, España podría seguir emitiendo. Un cierre forzoso de los mercados ahogaría a las empresas privadas, que necesitan urgentemente financiación para hacer frente a sus voluminosos vencimientos. El enorme tamaño de España -la cuarta economía de la eurozona- hace inviable una intervención convencional “a la griega”.
Es en este contexto en el que el Gobierno, por boca del ministro Montoro, ha lanzado un último llamamiento a la desesperada para que el BCE compre deuda pública española de forma urgente. Ayer, la prima de riesgo se ensanchó hasta acariciar los 590 puntos básicos.
Contraproducentes presiones al BCE
Pero la experiencia, como dicen las fuentes consultadas, demuestra que esos llamamientos son, incluso, contraproducentes. Los banqueros del BCE -en línea con la filosofía del Bundesbank- se ponen a la defensiva cuando un gobernante pide actuaciones inmediatas, toda vez que socava su independencia. Y de ahí que haya que descartar una acción inmediata. Ni mucho menos la emisión de eurobonos en un contexto tan difícil como el actual, que necesariamente arrastraría al euro. Entre otras cosas porque la canciller Merkel está recibiendo fuertes presiones para que el BCE no se extralimite y compre deuda soberana, como prohíben de forma taxativa sus Estatutos.
Así las cosas, la obligación a diez años roza ya el 7,2% cuando el tipo de interés oficial (a un año) se sitúa en el 1%. Aunque el stock de la deuda del Estado -606.340 millones de euros- se financia todavía al 4,07%, tipos de interés del 7% son insostenibles, como ha reconocido el Gobierno. Y hay que tener en cuenta que las obligaciones a diez años representan nada menos que una tercera parte del stock de endeudamiento.
Lo que penaliza a la prima de riesgo española son, al menos, cuatro factores. El tipo de cambio (posible ruptura del euro), la política fiscal (posible incumplimiento de los objetivos de déficit, costes de reestructuración bancaria (aún no se conocen los detalles) y bajas expectativas de crecimiento económico. Es más que probable que los institutos de coyuntura revisen a la baja en las próximas semanas sus previsiones de decrecimiento (-1,7%, según el Gobierno).
Algunos analistas coincidían ayer en que el deterioro de las condiciones de financiación de la economía española -que afecta no sólo al sector público, sino a las empresas privadas que necesitan acudir a los mercados- obligará al Gobierno de Rajoy a poner en marcha un nuevo paquete de recortes. En línea con lo que han reclamado en los últimos días la OCDE y el FMI. Sobre todo teniendo en cuenta que la crisis financiera ya está pasando factura a la economía real, y ello tendrá un impacto importante en la recaudación.
Las ventas de las grandes empresas, por ejemplo, un indicador clave para analizar el comportamiento del consumo, cayeron en abril en términos reales un 7,5%. Mientras que la producción industrial –un indicador adelantado- muestra un retroceso del 8,2%. Al mismo tiempo, el empleo cae por encima del 3% en términos anuales, lo que afecta tanto al IRPF como al IVA por su impacto sobre el consumo.
Lo dramático de la situación actual es que caídas adicionales de los precios de la deuda pública -que camina en dirección inversa a la rentabilidad- dañan también los balances de los bancos españoles, que en los últimos meses se han hinchado a comprar deuda pública para compensar la menor exposición de las entidades extranjeras.
La experiencia dice que ningún país ha podido evitar el rescate en las actuales condiciones financieras de España. Con mercados cerrados para las empresas privadas -altamente endeudadas- y financiación extremadamente elevada para el sector público. Y las fechas clave que se apuntan para negociar los términos son dos: la reunión del próximo viernes en Roma entre Rajoy, Merkel, Monti y Hollande (a iniciativa de Italia), y el Consejo Europeo de Bruselas, los días 28 y 29 de junio.
En palabras de un alto ejecutivo de un gran banco, “la intervención es inevitable”. Y lo justifica con un ejemplo. Un país intervenido como es Irlanda ya tiene una prima de riesgo soberano -599 puntos básicos- que se sitúa apenas 24 puntos por encima de la española. Y eso que Irlanda (como Grecia y Portugal) no tiene que acudir al mercado al tener cubiertas sus necesidades de financiación con fondos europeos. Según sus palabras, el deterioro “ha cogido velocidad”. Y ayer la prima de riesgo subió nada menos que 31 puntos en un solo día, lo que significa que los inversores están deshaciendo posiciones en España, aunque sea con pérdidas por la caída de los precios. La palabra ‘quita’ ha vuelto a aparecer con fuerza en los mercados al hablar de la deuda pública.
Lo que parece también claro es que la intervención no tiene por qué ser ‘convencional’, es decir en los mismos términos que se ha hecho con otros países periféricos. Al contrario, podría basarse en una especie de ‘anclaje’ de la prima de riesgo, como ha hecho Suiza con el franco para detener su apreciación.
De esta manera, España podría seguir emitiendo. Un cierre forzoso de los mercados ahogaría a las empresas privadas, que necesitan urgentemente financiación para hacer frente a sus voluminosos vencimientos. El enorme tamaño de España -la cuarta economía de la eurozona- hace inviable una intervención convencional “a la griega”.
Es en este contexto en el que el Gobierno, por boca del ministro Montoro, ha lanzado un último llamamiento a la desesperada para que el BCE compre deuda pública española de forma urgente. Ayer, la prima de riesgo se ensanchó hasta acariciar los 590 puntos básicos.
Contraproducentes presiones al BCE
Pero la experiencia, como dicen las fuentes consultadas, demuestra que esos llamamientos son, incluso, contraproducentes. Los banqueros del BCE -en línea con la filosofía del Bundesbank- se ponen a la defensiva cuando un gobernante pide actuaciones inmediatas, toda vez que socava su independencia. Y de ahí que haya que descartar una acción inmediata. Ni mucho menos la emisión de eurobonos en un contexto tan difícil como el actual, que necesariamente arrastraría al euro. Entre otras cosas porque la canciller Merkel está recibiendo fuertes presiones para que el BCE no se extralimite y compre deuda soberana, como prohíben de forma taxativa sus Estatutos.
Así las cosas, la obligación a diez años roza ya el 7,2% cuando el tipo de interés oficial (a un año) se sitúa en el 1%. Aunque el stock de la deuda del Estado -606.340 millones de euros- se financia todavía al 4,07%, tipos de interés del 7% son insostenibles, como ha reconocido el Gobierno. Y hay que tener en cuenta que las obligaciones a diez años representan nada menos que una tercera parte del stock de endeudamiento.
Lo que penaliza a la prima de riesgo española son, al menos, cuatro factores. El tipo de cambio (posible ruptura del euro), la política fiscal (posible incumplimiento de los objetivos de déficit, costes de reestructuración bancaria (aún no se conocen los detalles) y bajas expectativas de crecimiento económico. Es más que probable que los institutos de coyuntura revisen a la baja en las próximas semanas sus previsiones de decrecimiento (-1,7%, según el Gobierno).
Algunos analistas coincidían ayer en que el deterioro de las condiciones de financiación de la economía española -que afecta no sólo al sector público, sino a las empresas privadas que necesitan acudir a los mercados- obligará al Gobierno de Rajoy a poner en marcha un nuevo paquete de recortes. En línea con lo que han reclamado en los últimos días la OCDE y el FMI. Sobre todo teniendo en cuenta que la crisis financiera ya está pasando factura a la economía real, y ello tendrá un impacto importante en la recaudación.
Las ventas de las grandes empresas, por ejemplo, un indicador clave para analizar el comportamiento del consumo, cayeron en abril en términos reales un 7,5%. Mientras que la producción industrial –un indicador adelantado- muestra un retroceso del 8,2%. Al mismo tiempo, el empleo cae por encima del 3% en términos anuales, lo que afecta tanto al IRPF como al IVA por su impacto sobre el consumo.
Lo dramático de la situación actual es que caídas adicionales de los precios de la deuda pública -que camina en dirección inversa a la rentabilidad- dañan también los balances de los bancos españoles, que en los últimos meses se han hinchado a comprar deuda pública para compensar la menor exposición de las entidades extranjeras.
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