La Azotea de Javier Pipó

La Azotea

EL AUTO

30 de Junio 2015

Lo peor es que el Auto del Juez Barreiro no ha causado alarma social. Pero nadie mínimamente informado sobre estos más de tres decenios de socialismo andaluz puede honestamente llamarse a engaño. Es que el sistema es así, pero no desde el año 2000, funesto comienzo del festín judicial, sino desde su fundación. Por eso, los que hemos conocido más o menos de cerca a tantos y tantos de sus responsables, vemos como la manta ha quedado escasa, pero suficiente para poner de manifiesto como la democracia puede, con o sin Platón, degenerar en oligarquía y penetrar en un círculo infernal de ineficacia, corrupción, autojustificación, bunquerización, estancamiento, pobreza y autoritarismo.

Es que Chaves fijaba el escenario en cuatro golfos, pero llegará a cuatrocientos sin contar los mil y un procesos en marcha. Y observen la dimensión porque el vendaval arrastra a dos Presidentes de la Comunidad, representantes del Estado en ella y encima, presidentes del partido que llevó a estos todavía presuntos delincuentes, a la gloria histórica de un malgobierno fraudulento, maloliente y maldito. Y con ellos, cuatro Consejeros – nunca perdió más tiempo el águila que cuando escuchó los consejos del cuervo- y otros cincuenta altos cargos, tan altos que se creyeron sin cargas. 

La rigurosa resolución judicial de Barreiro, es la crónica técnica de un régimen nefasto para los intereses públicos de Andalucía y España, único objeto y justificación de su entramado institucional que con alguna decencia y no ahora con solivianto, debería haber defendido y propiciado. Es la crónica negra de una época que desgraciadamente para la democracia, estuvo liderada por quien nada puede ni debe reprochar a la franquista anterior a la que sucedió, sabiendo que la dictadura partía de bases sociológicas y económicas de devastación. Como tampoco nada puede reprochar al resto de la Nación que a través de exquisitos mecanismos constitucionales de solidaridad, puso en sus manos ingentes cantidades de recursos económicos y materiales, estúpidamente dilapidados para finalmente dejar el territorio herido moralmente, deshecho políticamente y en la cola de la Europa del progreso y el bienestar. Que nada puede reprochar – como Grecia, tan cercana en tantas felonías individuales y colectivas- a la Europa hermanada por métodos de convivencia civilizada que se ha volcado con más de 70.000 millones de euros en esta desorientada región y que sin embargo, descubierto el pastel, se encuentra cada vez más alejada y desprestigiadas sus instituciones. Pero la generosidad europea es para la convergencia y no para el camelo de la paz social, engrasada con descaro y desvergüenza.  

El Auto de Barreiro es pieza única, singular, digna de estudio detenido por cuantos quieran acercarse al servicio público, para así poder reconocer los principios, valores y reglas que nunca deben traspasarse en la gobernación de una nación. El enjundioso texto delimita con precisión las líneas rojas que jamás deberían ser rebasadas por el gobernante democrático, porque en su preocupante relato resalta con nitidez aquella estructura que hace diferenciar una sociedad atrasada que desprecia las normas jurídicas de autolimitación en la convivencia, de aquélla otra lealmente respetuosa con ese contrato social tantas veces referido, capaz de someterse al ordenamiento jurídico,  base de una sociedad avanzada para alcanzar y mantener el respeto a los derechos individuales y colectivos, la libertad y el progreso.  

No se que diría ahora aquel penoso vocero del Gobierno andaluz cuando hace un año acusaba al de España de iniciar una "Causa General" contra Andalucia, a raíz de las primeras salidas a la luz pública de otro gigantesco escándalo. Me refiero a los cursos de formación, que ya verán cuando termine la instrucción judicial como dejará en juego de aficionados a los ERE's. Porque el relato de hechos no parece circunscibirse a zonas concretas de la Administración, sino que se alimenta con participación asombrosa de ciudadanos, grupos y entidades al calor del desbarajuste de las instituciones. Ya me dirán el valor ejemplarizador de un poder capaz de extender hasta el último rincón del sistema, inimaginables dosis de desvergüenza e inmoralidad, centrado mayormente una y otra generación en ordenar cuidadosamente el legado putrefacto de la corrupción.

Produce bochorno infinito, no solo a quienes hemos dedicado más de media vida al servicio público, el martilleo incesante en el relato de actos presuntamente ilegales perpetrados en fase de gestión y ejecución del presupuesto, con el “no consta”, “no figura”, “no se acredita” “no se fiscaliza”  o cuando dice “se generan importantes perjuicios al erario público, debido a ejecución de actos indiciariamente fraudulentos” o cuando expresa como hay desviación de dinero a beneficiarios ajenos o a entidades mediadoras o escandalosos honorarios a bufetes de postín. Y además nos anuncia que los 854 millones es comenzar porque apoyado en la inútil Cámara de Cuentas, lleva el drama hasta los 1.200 millones. Y hasta hay lugar para el rincón de lo chusco, en una Administración de panchovilla, como el “error” a la Cía. APRA que se le abonan 2.999.999 euros, cuando debió ser 2.999,99 euros, pero es igual juana que su hermana, porque encima la aseguradora se niega a devolver lo cobrado indebidamente, dice el Juez. Y es que, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Pues eso.