LA OPINIÓN DE JAVIER PIPÓ.

PUBLICADO EN EL "DIARIO CÓRDOBA" EL DÍA 4 DE OCTUBRE 2013

LA AZOTEA

REPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA

Sería una peligrosa ingenuidad desconocer las muchas carencias del sistema democrático y representativo vigente desde 1978. Quizá la más llamativa consista en la abrumadora y progresiva escasez de demócratas que configuran la base y su razón de ser. Porque la democracia se sustenta en ciudadanos educados en un sistema de valores y creencias que aprecia el vivir en libertad, respetando y acatando leyes justas que sus representantes votaron. Que aceptan el reproche y desprestigio social que la vulneración de aquéllas acarrea. Que sienten el orgullo de pertenecer a una sociedad evolucionada, en el estadio más alto de la civilización, valorando la democracia como forma superior de vida y no se avergüenzan de identificarse como patriotas. Que repudian los totalitarismos como forma gregaria e inferior de convivencia. Quizá por ello, Larra decía que un pueblo no es libre mientras la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas.

Pero aquí en nuestra Nación abruma la carencia o al menos lo que existe quedó en minoría silenciosa y se va instalando el hombre masa definido por Ortega. Ineducado, soez, intolerante, dogmático y radical, que desprecia la libertad, que siente nostalgia de las cadenas vinculadas a quien pueda decidir por él. Soy consciente que esa hermosa meta de la que España se aleja, no es alcanzable sino tras procesos educativos equilibrados y constantes, con Gobiernos estables. Por eso vengo defendiendo contundentemente la necesidad de un sistema representativo que permita la alternancia en el poder de las dos grandes formaciones del espectro ideológico. Es decir, alternancia sucesiva mediante elecciones libres, del Partido socialista y del Partido conservador. Los demás, deberían ajustar sus propuestas hasta hacerlas coincidir con alguno de los grandes o aceptar un papel satelizado para cuando los electores permitan su colaboración de Gobierno, que puede y debe ocurrir frecuentemente. Ello permitiría gran estabilidad política y poder rentabilizar los esfuerzos ciudadanos, en sus pretensiones cerca de las instituciones constitucionales.

Este desiderátum no es novedoso ni aventurado y sí ampliamente experimentado en países de larga tradición democrática. Pero requiere modificaciones legislativas de calado, tan trascendentes como la Ley Electoral General, restringiendo el acceso a la representación de partidos minoritarios que no alcancen un porcentaje superior al actual 3% e introduciendo decididamente el modelo mayoritario a dos vueltas, que dirima en última instancia el partido gobernante. Naturalmente resulta deseable impedir o minimizar la presencia de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, pero la Ley D´Hont favorece a las grandes formaciones, castiga a los de apoyo electoral disperso y resulta ajustada para los de ámbito autonómico. De manera que un sistema democrático, constitucional y parlamentario, también tiene sus servidumbres y excrecencias. Máxime al tratarse de Estado tan disperso como el español.

Pero el nacionalismo reaccionario y disolvente no aporta nada a programas de ámbito e interés nacional, quizá eslóganes, quejas, protestas y exigencias, como la secesión a plazos. Son partidos ajenos al objetivo esencial de llegar a gobernar, quizá porque no pueden. La pretensión se reduce a influir sobre el Gobierno y la opinión pública, convirtiendo su presencia en lobby de enorme influencia. Quizá solo en España sea posible que la Comisión de Exteriores de su Parlamento esté presidida por un nacionalista independentista o el representante del Estado en Cataluña pida la independencia sin ser acusado de traición. La presencia del nacionalismo debe quedar reducida al Senado reformado, si alguna vez llega la urgente transformación del Estado mediante una Constitución más propensa a la unidad nacional. Y excluidos o neutralizados en el Congreso de los Diputados, impidiendo que un reducido número de representantes decida el destino de la Nación.

España puede y debe quedar libre de la maldición que desde mediados del siglo XVII le impide despegar como nación con mucho que aportar a la Europa del progreso y la libertad. España tiene una Constitución en su mayor parte modélica, una excelente base cultural, tecnológica y científica, pero necesita cambiar la estructura de su Estado y su  modelo de representación. Antes de que nuevamente sea demasiado tarde.