A  VUELAPLUMA

LA OPINIÓN de

Javier Pipó

LA TRAGEDIA ANDALUZA

7 de Abril de 2013

Escuchar la perorata que Griñán pergeñó voluntariamente ante el Parlamento andaluz, para tratar de justificar o justificarse por el horror de los ERES es espectáculo que solo los iniciados pueden soportar serenamente.

Decía Amparo Rubiales, “camisa vieja” del viejo PSOE, que Griñán es el más temido y odiado por la derecha española. Frase boba por mérito propio que solo identifica a su autora como fantasma inútil de un pasado que nunca vuelve y muestra de una decadencia que jamás indulta el paso de los años.

Griñán es excelente orador, con formación jurídica, recursos y lecturas, pero sin nada que decir. Pero lo poco que dice lo expresa educadamente y con respeto a sus adversarios. Nada que objetar porque no es guerrillero de la política ni un advenedizo. Ya quisieran los holgazanes y robaperas que le rodean. Y en cuanto a temido, pues que les voy a decir. Como político ha fracasado siempre. Alguna vez le definí como un simpático jubilado. Tiene un pasado mediocre y no tiene futuro. Ya ven.

Pero no es esta la cuestión. La gran cuestión radica en que el gobierno de Andalucía camina balbuceante hacia el desastre, entre una espesa niebla de corrupción, mascullando un ininteligible discurso que ya superó lo antidemocrático.

Ya está bien de medias verdades, de mentiras descaradas, de aprovechar una justicia anquilosada, lenta y seguramente reparadora por los pelos. Culpar a un honesto y eficaz funcionario como Gómez Martínez de no hacer advertencia de legalidad tras 18 informes cursados en vía reglamentaria me parece bellaquería inmunda. El interventor prestó gran servicio público y ejerció con honor una función hermosa y democrática solo sujeta al imperio de la ley.  Todavía recuerdo sus palabras: “Decir que el Consejero de Hacienda – Griñán, ahora Presidente - no actuó porque no recibió un informe de actuación, no es ni siquiera un subterfugio, es una pamplina”.

Desgraciadamente, en el Parlamento andaluz se puso de manifiesto una vez más la implacable dureza de la oligarquía político-administrativa que trata de hundir la función pública en el descrédito y si pueden en el deshonor de la imputación judicial.

Pero la responsabilidad de la tragedia, tras más de diez años de huída, no recae solo en jerifaltes, asesores de alta remuneración, inútiles e ignorantes burócratas de partido, en comisiones parlamentarias de resultados previos que luego con desparpajo se citan como antecedentes o en una servil Cámara de Cuentas.

Dada la importancia trascendente del enorme agujero de corrupción y despilfarro, los años transcurridos, el conocimiento nacional e internacional de la situación, con el consiguiente desprestigio alcanzado en una región tullida por la pobreza y la ignorancia ¿Dónde han estado las instituciones estatales? ¿Por qué en todo este tiempo de desventura y mangoneo no apareció el Tribunal de Cuentas? Pues quien haya leído la Constitución conoce el encargo del control económico y presupuestario de los órganos de las Comunidades Autónomas y no es incompatible con la inútil y costosa Cámara de Cuentas andaluza, salvo claro, le sirviera de capa que todo tapa. ¿Y el Ministerio de Hacienda y el resto del Gobierno? Pero aquí aparte de mofarse ¿para qué sirve la Constitución? Un éxito más del Estado de las Autonomías.

Miren. No estamos ante un error de derecho, sino ante una clara desviación de poder. Porque es la intencionalidad la que separa ambos conceptos, como dice el profesor Chinchilla. Clara intencionalidad como elemento sustancial y pretendidamente ideológico, de la tragedia andaluza. Este es un mundo a la deriva que dura más de 30 años, sin referencia trascendente alguna y lo advierte José Antonio Marina: El deseo de poder se justifica así mismo. Pues eso.