LA OPINIÓN DE JULIÁN DELGADO

 

Artículo que será publicado por el Diario ULTIMA HORA  de Palma

 

¿Modelo policial o modelo político?

Julián Delgado. Escritor y Experto en Seguridad Pública

 

 

En España no hay una tradición de respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales y de las libertades políticas básicas. La Constitución de 1812 y las cinco que la siguieron conservaron la noción de orden público, disimulando el absolutismo detrás de fórmulas constitucionales. La Constitución de 1931, es la primera Carta Magna que recoge con amplitud y garantía los derechos y libertades democráticos, aunque los graves y continuos conflictos de orden público llevaron a los sucesivos gobiernos a no respetarlos. La noción de orden público de la Dictadura nos retrotrae a 1814, cuando Fernando VII regresó a España y abolió la Constitución de 1812, volviendo al absolutismo.

Así pues, a partir de la CE del 78, España disfruta, por primera vez en su historia, de la plena garantía de los derechos y libertades ciudadanas, bajo el único concepto de orden público que es admisible en un Estado democrático. Pero debido al el nefasto recuerdo que de él dejó el anterior régimen, las autoridades políticas, condicionadas por esa memoria colectiva del mal empleo de la policía que hizo el franquismo, han sido remisas a aplicar la fuerza legítima en la defensa de los derechos, las libertades, las personas y los bienes. Prefieren pecar por defecto que por exceso. Pronto aprendieron la lección: 1) es mejor permitir ciertos desmanes a emplear la policía para impedirlos: los destrozos los paga el erario o los seguros y el desgaste político es mínimo. Por el contrario, cualquier acción policial que, aunque legítima, pueda considerarse excesiva, produce un gran desgaste político. 2) Si no hay otro remedio que intervenir, tiene menos coste que los heridos sean policías; por lo tanto, hay que limitar la acción de la policía dotándola de material defensivo y negándole el ofensivo. 3) En los conflictos no es prudente concentrar grandes contingentes de policía: son más difíciles de controlar y pueden percibirse por la sociedad como una inadecuada exhibición de poder.

Las unidades antidisturbios nacionales y autonómicas tienen un alto nivel profesional y han interiorizado que su actuación debe adecuarse al ordenamiento jurídico y a los principios de oportunidad, congruencia, proporcionalidad y de menor lesividad posible. Pero su actuación, por lo general, está lastrada por la actitud de los políticos. En los grandes conflictos callejeros, por más graves que hayan sido, la cantidad de detenidos que hace la policía española es ridícula comparada con las que llevan a cabo en semejantes circunstancias las policías europeas. Recuérdese, por ejemplo, que en París, durante los recientes conflictos de los chalecos amarillos, se realizaban cerca de mil detenciones diarias con las consiguientes multas administrativas.

Otro error es enfrentarse a los problemas de orden público con una desproporción peligrosa entre policías y manifestantes. Este desequilibrio propicia que se agrave el conflicto y que se produzcan situaciones que pueden resultar trágicas. Cuanto menos poder disuasorio exhiba la policía ante los manifestantes, y en España por las circunstancias señaladas es escaso, mayor ha de ser el despliegue. No hay policía en Europa que solvente los conflictos con tan escasa proporción de fuerza como se hace en España. En los incidentes de estos últimos días en Barcelona, más por su agresividad que por su volumen, cualquier otra policía europea hubiera concentrado no menos de mil quinientos agentes.

La policía no está dotada con los recursos necesarios para cumplir su misión con solvencia. Además del defensivo, debe tener un arsenal ofensivo que, si bien empieza con la defensa (porra), va ascendiendo en proporción a la agresividad de los manifestantes. Existe en toda España un único tanque de agua a presión, de gran eficacia disuasoria y mínima lesividad, que nunca se ha usado. Las pelotas de goma o material similar proporcionan a la fuerza pública la posibilidad de evitar el choque cuerpo a cuerpo, de mantener a la multitud hostil a distancia, pero rara vez se utilizan y en Cataluña están prohibidas, se utilizan proyectiles de foam. Los botes de gas pimienta, que obligan a la multitud a dispersarse, se utilizan en Europa cuando son necesarios. Si se carece de estos recursos intermedios, el policía corre el riesgo de verse obligado, para salvar su vida, a utilizar el arma de fuego. En resumidas cuentas, la policía sale a la calle a defenderse de los ataques de los alborotadores cuando tenía que ser al revés.

La situación de la policía en Cataluña es de suma vulnerabilidad; además de sufrir todas esas carencias generales, se enfrentan a grupos que son jaleados desde el propio Gobierno de la Nación y vistos con indulgencia por el Govern. Estos grupos violentos, que aparecen en la mayoría de manifestaciones son activistas antisistema, nihilistas que vandalizan las ciudades. Practican una violencia indiscriminada que en ocasiones confluye con los intereses de la Generalitat y han visto avalada su conducta transgresora de la ley con el ejemplo de los líderes políticos que llevan una década haciendo lo propio y por ello, aunque condenados, fueron subidos a los altares.

Más que cambiar el modelo policial, sería necesario cambiar nuestro modelo político.