La Opinión de Javier Pipó.

La Azotea

LA ESTIBA ESPAÑOLA

4 de marzo 2017

    Una pasada por el gremialismo fascistizante, por el sindicalismo vertical de intereses mafiosos, lo representa a la perfección el increíble y mal denominado conflicto laboral de los estibadores, con antecedentes hasta cinematográficos. De manera que el choque entre un grupo de privilegiados- ricos hasta triplicar el concepto podemita de tales- y las empresas teloneras que median, poseedoras de casi todo el capital pero no de la dirección, se sustancia en Bruselas con mera mediación del Gobierno español que no solo se muestra incompetente y aislado sino seguramente contusionado como responsable sobrevenido e involuntario del desaguisado político y económico derivado. Pues es aprieto cuyas consecuencias están por ver y de cuyo desarrollo deberían apreciarse notables consideraciones. La primera sería concluir lo insólito del mantenimiento de rincón tan pintoresco donde rige no la ley de la igualdad ante el derecho al trabajo de quien pueda necesitarlo y muestre cualidades para su ejercicio, sino de la mafia que reparte el pastel según ley propia, al margen del ordenamiento jurídico, la justicia y la razón. Y eso tras 37 años de Constitución, en alternancia desigual pero continua de conservadores y socialistas.

    Pues que quieren que les diga, pero a quien esto escribe, el espectáculo de la estiba en rebelión, a plena representación, le recuerda lo vivido demasiado cerca hace 29 años en La Alhambra granadina, en el grandioso monumento más visitado de España; espectáculo que creo aún continua, aunque en silencio interesado. Situaciones seguramente incomparables a primera vista – no a la mía, ya digo- y distantes en volumen y trascendencia. Pero no tan distintas en cuanto a la imposición de condiciones absolutas, intocables e irrenunciables de una casta de mafiosos que transmiten de una generación a otra el privilegio de su poder total, ante la complacencia de la maraña administrativa de un Estado con complejos de voyerismo político, temeroso y acobardado, cuando no cómplice, de un sindicalismo siempre añorante de verticalismo franquista. Y encima vienen ahora las instituciones europeas – que ya es tardar en fisgonear, vaya usted a saber por qué – imponiendo multas y exigiendo deshacer el nudo. Y uno, aprendiz de casi todo, se pregunta la necesidad de un poder burocrático europeo suplantando de un plumazo los inmensos, superpuestos, ineficaces y costosísimos cuatro poderes públicos territoriales españoles. Pues es lo que hay y además poco novedoso porque ahí tienen, por ejemplo entre otros, la justicia sobre derechos humanos, nada menos, que reserva la última palabra a los tribunales de una Europa en descomposición, cada vez más relativista, desoccidentalizada y calada de agujeros del más negro islamismo. El orden jurisdiccional y en su caso la justicia constitucional españolas, mero trámite procesal. Ahí tienen pues, la segunda apreciación a considerar.

    Y en estas llega Susanaperon y en arrebato de ensoñación de estadista, recibe a los estibadores y les advierte que ella, entre los trabajadores y el poder siempre estará con los trabajadores. Como si ella no fuera el poder mismo, el poder omnímodo, todopoderoso y penetrante en territorio asfixiado de estatismo e intervencionismo mediocre y corrupto. Y además anuncia que su Partido, en trance de involución desde la socialdemocracia vacante al populismo comunista, no apoyará al Gobierno en el trámite parlamentario de convalidación de la norma impuesta a gusto de la burocracia europea. Pues esta tercera apreciación no puede ser más negativa porque nos lleva a considerar que el socialismo ya circula entre lo malo y lo peor. Y si la Presidenta andaluza, criada políticamente en las entrañas de un régimen que en el mejor de los casos recuerda las descripciones de Acemoglu y Robinson en sus “orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza” es la esperanza de la Nación española, no hay más remedio que alarmarse ante la carencia del concepto de lo que Schumpeter denominaba “destrucción creativa”.

    Miren, habrá que considerar como positivo, que esta criatura política con más ambición que preparación, más emociones sentimentales que ideas, con más palabrería que ideología, sea receptiva al constitucionalismo representativo y no a la democracia asamblearia; al concepto de Nación española y no a la consideración como nación de naciones u otras mamarrachadas estilo federalismo asimétrico o similares. Incluso su  patriotismo españolista por encima de la escasa formación ideológica. Pero no es suficiente. Esa irresponsabilidad de quien tiene en su territorio el más importante puerto de España no llega más allá de señalar una pobreza infinita en el patrimonio político con el que pretende gobernar la Nación. Tras 37 años de socialismo – tantos como de franquismo- en Andalucía dependen casi 2,700.000 personas del erario público, incluidos sus 550.000 empleados, frente a 1,700.000 asalariados del sector privado. Es la institucionalización de la sociedad dependiente ajena a la libertad como motor del progreso, imposible cuando el 20,5% del PIB es sector público y la deuda alcanza el 22% de éste. Un entramado gigantesco que hace insuficiente el presupuesto de más de 33.000 millones de euros, el más elevado en términos absolutos de las CCAA. Ya se habla a las claras del “agujero andaluz” con 3.400 millones de euros sin justificar y de 718 millones de imposible justificación, para mantener no sólo una enorme y mediocre Administración sino un innumerable conglomerado de entes públicos y sociedades participadas, de capital mayoritario o no, seguramente rondando las 158. De manera que menos fantasías porque la Nación se encuentra en estiba casi permanente, pendiente de una generación de estadistas preparados y patriotas y olvidando la pesadilla de tanto aficionado ramplón y corrupto. Pues eso.