GOBIERNO DE
LOS JUECES
No es para alarmarse, en este
caso, por las sesgadas y muchas veces interesadas opiniones que de las
decisiones judiciales tienen gran parte de los líderes políticos. Partiendo del
respeto que dicen una y otra vez sentir por aquéllas y predisposición meritoria
a respetarlas, todo dependerá del sentido e incidencia que el pronunciamiento
de los jueces pueda afectar a los intereses casi siempre partidarios que en ese
momento defiendan.
La cuestión no es baladí, ni
simple, ni desde luego novedosa.
La intervención de los jueces en
la gobernación de la sociedad es incluso anterior al cristianismo. Es la
critarquía, contenida en el Libro de los Jueces, uno de los Históricos de la
Biblia y del Tanaj hebreo, narrando el gobierno del pueblo de Israel por jueces
o dirigentes carismáticos que utilizan para ejercer el poder la fuerza
sobrenatural. También en la sofocracia o gobierno de los sabios, en el sentido
de la sabiduría filosófica en Platón o de la racional en Aristóteles. Es desde
siempre, la pretensión de que el gobierno sea dirigido por mentes o manos
sabias y especializadas. El alejamiento de este ideal, deseado por el hombre
que convive en sociedad, produce inseguridad y angustia, acentuada en nuestro
tiempo de forma alarmante.
El ciudadano de sociedades
avanzadas y democráticas percibe el desamparo de unos poderes públicos
desbordados en demasiadas ocasiones por realidades complejas, cambiantes y
globalizadas. Percepción variable en función del grado de avance social, del
tipo de constitucionalismo y de la ideología dominante.
Ya en la Francia de 1921, en
pleno debate para la construcción de la III República y con referencia al
ejercicio de la jurisdicción constitucional, aparece la obra de E. Lambert
sobre “El Gobierno de los Jueces” que tuvo gran repercusión en el mundo
jurídico y de la ciencia política. El famoso jurista critica desde una óptica
avanzada a su tiempo el inconveniente de confiar a un órgano judicial la
facultad de revisar las leyes, propio del sistema de constitucionalismo difuso
en USA. Un peligro, dice, para el progreso de la política social. Debate muy
vivo todavía en el Derecho público norteamericano.
Se pone pues de manifiesto, como
incluso en el siglo veinte y con mayor intensidad en su segunda mitad, la
expansión del poder judicial, la llamada creatividad judicial, se traduce como
una judicialización de la política.
Hace pocas fechas, el Prof.
Fernández-Armesto publica un inquietante y nada optimista artículo titulado “Y
la llamamos democracia”. Describe como en USA las Cámaras bloquean las
iniciativas legislativas del Presidente y no hay ley que no sea contestada ante
los tribunales. Así, dice el profesor, no les queda más remedio que acudir al
Tribunal Supremo para decidir cuáles de ellas se ponen en vigor y a que
organismos profesionales acudir para tomar decisiones inalcanzables en la
legislatura. Pero también, como esta entrega de las decisiones políticas a
jueces o burócratas, coincide con un declinar de la democracia no solo en la
gran Nación americana sino también en la atascada Europa. Es la preocupación de este nuevo siglo, tras la presencia
grandiosa de la democracia y la libertad durante los cien años anteriores.
A veces este intervencionismo es
el único sistema para que se pueda cumplir la Constitución, ante la pasividad
del Ejecutivo y el Legislativo, como ocurre en España. Aquí ni siquiera se
acepta que la jurisprudencia del TC crea Derecho constitucional, interpretando
sus preceptos y depurando aquéllas normas contrarias a la Constitución misma.
Así pues, todas sus Sentencias son creativas y por tanto interpretativas.
Desde luego, la progresiva
ampliación del control judicial al poder político, entraña el peligro de que el
TC suplante al poder constituyente. Es decir, sea sustituido el gobierno de los
representantes del pueblo por el gobierno de los jueces. Pero siguiendo a Pérez
Royo, antes de la Constitución la Ley era soberana, ahora queda subordinada a
la Constitución y su ajuste solo corresponde al TC.
Aquí el problema se desborda
porque el hundimiento económico aflora corrupción generalizada e independentismo
imparable. No se acepta la voluntad general representada en el Legislativo. Los
tribunales desbordados son atacados en su independencia y las Sentencias del TC
son ignoradas en el proceso secesionista.
Sin duda prefiero el gobierno de
los jueces al gobierno de los necios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario