La Azotea
EL EPISODIO CATALÁN
2 de noviembre 2017
Resulta descorazonador comprobar que un sistema tan
democrático como capaz en su defensa de llegar, por métodos extravagantes,
hasta la autodestrucción; con instituciones inclusivas y razonablemente
transparentes y con una estructura de representación que aún con sus
imperfecciones viene a cubrir la inmensa mayoría del arco ideológico, pueda
llegar a degradación tal de su vida política como para contemplar un episodio
dramáticamente chusco como está resultando el proceso de la independencia
catalana. Golpe de estado a cámara lenta inédito en la historia europea.
Es verdad que la representación resulta asimétrica en todos
los Parlamentos autonómicos; es decir, presencia de la izquierda y derecha
democráticas, socialdemócrata o liberal, casi desdibujando sus perfiles hasta
la confusión en el fondo y en las formas, en circunstancias no excepcionales. Y
luego un exceso de peligrosos enemigos del sistema representativo y
democrático, a cargo de una oleada incontenible de extrema izquierda populista
y comunista/castrochavista, en el más variado e insoportable pelaje del látigo
exterminador de la libertad. Esquema no correspondido en el extremo opuesto de
la extrema derecha, nazifascista o simplemente autoritaria, pero tan amante
como aquellos del Estado totalitario, en paraísos de democracia orgánica o
popular.
Y esa desigualdad se ve incrementada en el CD por la
presencia excesiva de nacionalistas de uno u otro territorio siempre atentos al
privilegio o a la presión del soberanismo, invitados de lujo, durante cuarenta
años, a la conformación de unos u otros Gobiernos nacionales. Y casi
innecesario referir parlamentos como el catalán, otrora liderado por una
burguesía culta, europea y amante del progreso que luego se revolvió avariciosa
y trincona hasta entregarse de cuerpo entero, a salvo el botín del saqueo, a
los restos degradados de la clase dirigente, siendo Puigdemont el último
eslabón del envilecimiento. O a la turba de republicanos también de izquierda,
y otros enemigos del sistema etiquetados de comunistas de nuevas y curiosas
adscripciones independendistas. Mezcla explosiva de soberanismo sedicioso
imposible de prosperar, de no mediar un Estado extremadamente débil en su capacidad
de liderazgo, en su ordenamiento jurídico y en sus instituciones, dirigido por
una clase política meliflua, melosa, ajena al más elemental patriotismo y
cercana al contenido envenenado de los predicadores del diálogo exterminador de
intereses nacionales y del pasteleo en despachos propicios a la traición y el
intercambio.
¿Podemos pues sacar conclusiones del chusco episodio catalán?
Seguramente es pronto para un acontecimiento que traspasando los límites de la
actualidad, sin duda ocupará alguna página no precisamente gloriosa del régimen
del 78. Pero miren, alguna si podríamos relatar, por ejemplo, la forma de
abordar el Gobierno de la Nación la sedición planteada. Siempre considerando
que aquel es el primer guardián del Estado, a quien la Constitución tiene
confiada la defensa del ordenamiento constitucional completo; capaz de ejercer
la razón y la fuerza democráticas para abortar de raíz cualquier atentado al
orden jurídico que haga perder la confianza de los ciudadanos y las
instituciones sociales tanto en el Estado como en la Constitución, al poner en
riesgo la paz social. Por eso, la aplicación del artículo 155 CE ha resultado
el mínimo exigible, aunque en absoluto suficiente – efectista, eso sí - máxime
en su versión descafeinada.
En consecuencia, si
hubiese de juzgar la actuación del Gobierno Rajoy haría referencia al éxito en
las medidas iniciales adoptadas como la disolución del sedicioso Parlamento y
el cese de los miembros golpistas del Gobierno, con el traidor y cobarde Puigdemont
a la cabeza o el cierre de las embajadas pitiminí. Pero desde luego, lamentable
la decisión del Ministerio fiscal de impedir la imputación de los diputados
juramentados en la sedición o permitir la continuación de radiotelevisión
pública catalana, injuriosa y propagadora de odio antiespañol. Y cómo no,
enormemente discutible la convocatoria de elecciones para el mes próximo de
Diciembre. Una jugada de riesgo casi total porque todo apunta a que el
victimismo de los valientes golpistas puede mantener idéntica la composición
del rebelde Parlamento. Y claro, no se sabe si de esa jugada, seguramente a
tres bandas, se deriva la satisfacción del Gobierno de la Nación a que el
delincuente golpista Puigdemont concurra como candidato, según su pobre y feliz
Ministro Portavoz.
Así pues, del previsible statu quo parlamentario debería
derivarse la inmediata dimisión de Rajoy y la convocatoria de Elecciones
Generales. Pero a nadie se oculta la situación de inestabilidad añadida a un
escenario que representaría el fracaso total del Estado de las Autonomias, su
sistema de financiación, el régimen electoral general y la actuación de un
Gobierno incapaz incluso de restituir al ordenamiento penal los delitos
contemplados en los artículos 505bis, 521bis y 576 bis establecidos en la
reforma Aznar de 2003 y penosamente derogados durante la nefasta Presidencia de
Zapatero en 2005. De manera que Rajoy habrá de ser juzgado por los resultados
del proceso aunque encuentre el apoyo total de la opinión pública en las medidas
adoptadas a regañadientes en la aplicación descafeinada del artículo 155. Tras
las elecciones del 21D comenzará una nueva fase donde es posible casi de todo;
desde una nueva Constitución conteniendo una España como nación de naciones a
una reforma en profundidad que desnaturalice su contenido, su espíritu, sus
valores y hasta el procedimiento para su reforma. Y los Presupuestos 2018 sin
aprobar y el prestigio internacional tan difícilmente ganado, en retroceso. Son
consecuencias temibles del penoso episodio catalán. Por eso, reivindico con
Ortega el derecho a la continuidad y temo al progresismo de los incapaces que
llevan decenios profundizando entre la semántica y la verdad.
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