La Opinión de Javier Pipó.

La Azotea 

A PROPÓSITO DE LAS DIPUTACIONES

  Este tiempo muerto para el Estado en funciones también tiene su vertiente positiva y es conocer más de cerca a los que quieren gobernarlo. Por ejemplo, empezamos a conocer mejor a quienes con la etiqueta de “ciudadanos” resultaban de difícil calificación ideológica, aunque nos satisfacía su españolismo demostrado sobrada y brillantemente en la selva catalana. Ahora ya podemos ubicarlos en la socialdemocracia, moderada eso sí, pero socialdemocracia. También sabemos y tememos el giro espectacular desde la posición templada del socialismo democrático anterior al arrasamiento zapateril, al socialismo cavernario y radical de Zapasanchez, por mucho que le reprochen sus mayores, que callarán cobardemente antes que perder posiciones en el reparto del botín. Eso sí, estos con aquellos no están unidos por las doscientas mini propuestas - en el caso andaluz también el servilismo - sino la obsesión por echar a Rajoy y derogar lo vigente, bueno o regular. Un error histórico más del reaccionarismo hispano, que pagaremos los de siempre. Y por el otro lado, pues igual. Aburridos, divisando al previsible e impasible Rajoy. Y espantados, al saber suficiente del comunismo populista, totalitario y letal de los podemitas. Es una erisipela viral y epidémica.

  Son pues muchos y aguerridos los volcados en la conquista del Estado. Empeño que practican con denodado ímpetu, a veces sin respeto y en demasiadas ocasiones con la altura del enano y los conocimientos justos del analfabeto. Y eso que el Estado no pasa de constituir una mera ficción jurídica, eso sí dotado de soberanía internacionalmente reconocida y dicen los manuales que con tres elementos definitorios como el territorio, la población y las instituciones. Pero aquí ya ven. Se discute la soberanía; al territorio se le incluye dentro de la geometría variable y la población, en modo alguno se admite constituya nación, sino más bien una resultante plurinacionalidad. Y para que hablar de las instituciones que las poseemos de toda clase y condición, unas útiles y otras completamente inútiles o perfectamente prescindibles, pero eso sí todas carísimas, mayormente insostenibles y actuando unas sobre otras, hasta la ruina del Estado y de los cada vez menos denominados así mismos como españoles. Es decir, un Estado follón, para ir tirando mientras dure.

  Ahí tienen la tupida red de Diputaciones, por ejemplo, tan útiles en su brillante pasado como inútiles en su derroche presente. Instituciones sacadas nuevamente al debate público en momento en que la destrucción del Estado tiene más morbo que su reforma; en circunstancias tales que cualquier recoveco de aquél es bueno para el saqueo o cuando menos obtener beneficio de la rapiña. Pero no esperen debate girando alrededor del coste/beneficio de las instituciones o de su encaje en el propio ordenamiento constitucional. Que va. Sacan ahora a relucir en alarde prodigioso de cinismo, los beneficios que aquellas representan para la dispersa población rural, terminando en síntesis, con el canto de la simpleza inconmovible, “si no existieran, habría que inventarlas”.

  Pues miren, están inventadas hace tiempo, con gestación lenta pero admirable en su consolidación. Desde la división del territorio nacional en 1812 hasta el Estatuto provincial de 1925. Desde la Ley para el Gobierno de las Provincias en 1823 durante el Trienio Liberal a la Ley Municipal y Provincial de 1870. Desde la división efectiva de Javier de Burgos en 1833 a las Leyes de 1935 o 1955. Es decir, que hasta llegar a la Constitución de 1978 existe verdadera proliferación legislativa con algo en común: el fortalecimiento de la Provincia siempre se llevó a cabo a costa del Estado o del Municipio. Y entra en vigor la Constitución y continua la marea legislativa en un bosque donde ya resulta complicado encontrar respuesta a dos preguntas esenciales. Qué puedan ser esos órganos centenarios de gobierno de las provincias, llamados Diputaciones y para qué sirven o cuales sus funciones imprescindibles para que entre todas gasten más de veinte mil millones de euros. Imposible contestar en comentario a vuela pluma, con espacio reducido y de más modestas pretensiones.

    

  La Constitución entra en vigor desconociendo cuando ni cuantas Comunidades se constituirán. Tal como expresa el artículo 137, “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades  Autónomas que se constituyan”. En consecuencia, la Provincia forma parte del denominado Poder Autonómico, inicialmente indefinido, junto a las CC.AA. y los Municipios, entretejiendo una red de cuatro niveles no jerarquizados de poderes públicos siempre superpuestos sobre el territorio, con competencias a veces difusas cuando no confusas, que gozan además de autonomía para gestionar sus intereses, que son los colectivos. Consolidado el ruinoso Estado Autonómico carece de sentido alguno la existencia de estos entes, no así de la Provincia que en la literalidad  del artículo 141, viene “determinada como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Pero Estado es también la Comunidad Autónoma y el órgano de gobierno de aquella es la Diputación, pero puede ser otra Corporación de carácter corporativo. O ninguna, reformado como debió hacerse años atrás, el nefasto Título VIII de la Constitución.

  Ya ven, las Diputaciones no deben seguir la senda del endeudamiento, de la dependencia del Estado y de los Fondos Europeos. Son máquinas de gasto y de poder territorial tan costosas como inútiles ya que sus competencias todas, pueden ser asumidas por muchas de las más de trece mil entidades locales inscritas o por las Comunidades Autónomas. Y sus valiosos Cuerpos de funcionarios transferidos a Municipios o Comunidades Autónomas. Y todo podría hacerse de forma gradual. Todo menos seguir constituyendo centro de colocación partidaria y demasiadas veces tapadera de apestada corrupción.