La Opinión de Javier Pipó en La Azotea

La Azotea de Javier Pipó

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Pues de nuevo la clase política se moviliza nerviosamente, postulando modificar la Constitución. Bueno, unos cambiar la Constitución y otros cambiar de Constitución. Unos y otros proponen cambios, aunque la mayoría desconozca para qué y por qué. Como si aquí fuera más urgente cambiarla que hacer cumplir sus mandatos. Pero una cosa es el consenso para modificar lo que se debe, lo necesario, conservando la unidad de los que creen en el sistema que atender las pretensiones de aquellos que lo desprecian, empeñados en abandonar la democracia parlamentaria y representativa para llevarnos al totalitarismo nazifascista o comunista o a la ruina y el hundimiento en el autoritarismo, estúpido y empobrecedor del populismo bolivariano. Estos, por muy ingobernable que aparezca el Estado, para nada deben formar parte del bloque constitucionalista, salvo se quiera perder sensibilidad frente al riesgo de abandonar la libertad. Por eso reclamo un consenso necesario, como punto de llegada y no de partida, al resultar innecesario. Y desde luego, proclamar encontrarme entre los que aprecian la necesidad de reformar la Constitución, pero como forma indubitable de defenderla. Y sin maquillajes como solución o apaño ante una opinión pública en situación de hostilidad o de un encrespado problema catalán o vasconavarro. Si así fuera, de poco serviría incluso en su limitada temporalidad.

Es verdad que las formas, también las políticas, perdieron su antigua eficacia; que lo que aparecía estable súbitamente aparece como inestable. Es verdad que estamos declarados en crisis o al menos así nos confesamos, aunque parezca en vías de solución la económica pero en agravamiento la crisis política, al ser de valores, de moral social, de creencia en las instituciones, de hartazgo de partidos políticos protagonistas indebidos de la vida ciudadana, decidiendo allí donde deben hacerlo aquéllas. Es verdad la existencia de un Estado débil aunque España nunca tuvo un Estado sólido y casi se pierde la esperanza de ver cuajar una sociedad civil organizada. Es decir, parece que los automatismos morales en que estábamos instalados aparecen como una obsolescencia. Pero no por ello debemos dejar nos cambien la Constitución, simplemente deberíamos querer reformar la Constitución.

He reiterado en varias ocasiones que España inició un proceso federalista desde el Estado unitario hacia la descentralización total. Es más, los pactos autonómicos de 1992, nos convierten claramente en un Estado de naturaleza federal y simétrica. Y también añado que ciertamente de forma incomprensible se consintió, incluso profundizando en el disparate, la asimetría del régimen económico del País vasco y Navarra o la indudable inconstitucionalidad del blindaje asimétrico previsto en el reformado Estatuto catalán. Pero supongo cada vez más consciente a la opinión pública que, con Blanco Valdés, en relación a otros estados federales, la singularidad de España está en los nacionalismos. Pero no por ello se debe seguir consintiendo que un Gobierno ignorante del aserto de Gellner - es el nacionalismo el que engendra naciones, no a la inversa – y casi exclusivamente polarizado en la crisis económica, esté permitiendo a Cataluña dotarse de instituciones de Estado que además financian el resto de los ciudadanos, como esos más de 30.000 millones del FLA que jamás devolverán. Es peligrosísimo, incluso desde la perspectiva internacional.

 De manera que debemos prepararnos para el gran reto del siglo que no es otro que continuar existiendo como Nación. Es de lo que se trata, de mantener y no destruir una Nación con Estado, compensando la diversidad. No hay alternativa y conviene no olvidar que las fronteras de Europa sólo han cambiado mediante el uso de la fuerza. Y eso, nadie sensato puede desearlo. Aunque tampoco el desafío chulesco e insoportable de iluminados al frente de instituciones que hace tiempo debieron ser procesados, expulsados de las instituciones y en su caso encarcelados.

Por eso ahora corre prisa, es urgente, debatir y acordar entre demócratas constitucionalistas las grandes líneas de la reforma que necesariamente pasara por tres esenciales. Determinar con claridad el reparto de competencias entre el Estado y los entes autonómicos, acabando con el caos de lo exclusivo, concurrente, ejecutivo, etc. Constitucionalizar definitivamente las bases del sistema de financiación y despolitizar la Justicia, volviendo al inicial modelo constitucional del CGPJ, olvidando las nefastas reformas de 1985 y 1993.

Pero hay mucha más tarea. Como es mantener la monarquía, la forma más estable y duradera de Estado, por encima de las instituciones. Derogar el nefasto artículo 150,2 de texto constitucional. Restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad, acabando con el caos disparatado de reformas y contrarreformas de los estatutos de autonomía. Pero también, identificar constitucionalmente las entidades que se federan así como sus características, respetando la unidad de mercado y la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos en todo el territorio nacional. O profundizar en el respeto a la autonomía de los municipios, propiciando la reducción de su número de forma drástica, pero así mismo suprimiendo definitivamente las Diputaciones, todas. Y la reforma del Senado, haciéndolo parecido, lo más, al alemán. Y que decir, del Tribunal Constitucional, creador de profundas y sabias sentencias, modelo en el constitucionalismo europeo de raiz kelseniana. Ni escuchar las torpes propuestas de C,s sobre su desaparición, menudo tropiezo. Hay también que simplificar el sistema de modificación constitucional para que pueda adaptarse a los nuevos tiempos que parecen percibirse en la Europa, que también como USA, buscaría el paso del federalismo dual al cooperativo.

La reforma de esta Constitución debió abordarse en la legislatura Rajoy, empleando el procedimiento agravado del artículo 168, alargado en dos periodos, como en Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y otros. Menos temores y más brío, antes de que el Estado sufra más erosión como sistema jurídico, donde en la impunidad se incumplen leyes y sentencias. Antes de que Pablete Iglesias, intente convencernos de que él sale de su ciérnaga ideológica agarrándose a su coleta y tirando hacia arriba, como el barón de Münchausen.