La Opinión de Javier Pipó @javierpipojaldo

Publicado en el "Diario Córdoba" en la Columna LA AZOTEA
23 de Enero 2014


EL  INTOCABLE  PODER   PROVINCIAL


Desde que en 1833 la brillante cabeza de Javier de Burgos realizara la más útil y duradera distribución territorial del poder centralizado del Estado, apenas ha sido modificado, salvo naturalmente las decisivas y poco afortunadas incursiones soberanistas de la Constitución de 1978.
En efecto, salvando los antecedentes y los avatares constitucionales de 150 años de historia, la gran reforma nacida a mediados del siglo XIX será continuada, asumida y apenas modificada con las Constituciones de 1869, 1876, 1931 o el Franquismo.

Si se comprueba la división territorial de 1833 estableciendo la existencia de 15 regiones, 49 provincias y 8.000 municipios, con divisiones como la de los Cuatro Reinos andaluces de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada que darán lugar a las ocho provincias conocidas, se comprobará la cercana identidad. División llevada a cabo con criterios históricos, de coherencia geográfica y de extensión, que perdura con apenas retoques de racionalidad funcional y actualización jurídica adaptada a la legalidad de cada momento.

¿Y que ha ocurrido en estos últimos 35 años? Pues que la Constitución de 1978 mantiene la vieja distribución del poder territorial y en consecuencia, las diputaciones provinciales como órganos de gobierno de las provincias. Así, el artículo 137 de su manifiestamente mejorable o prescindible Título VIII, establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas "que se constituyan", que ya es precisar. Y más adelante, en el artículo 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada como división territorial "para el cumplimiento de las actividades del Estado", encomendando el gobierno y la administración a diputaciones "u otras corporaciones de carácter representativo". Nueva opción nada definida, como se deduce de tan expresivos y definitivos mandatos.

Quizá tal como se elaboró el texto constitucional, producto espléndido de una transición necesaria pero que se ha mostrado provisional y abocada a empezar de nuevo, no se planteó la continuidad de estas instituciones de gobierno provincial, al desconocerse cuantas serían las comunidades autónomas, cuáles sus competencias y hasta dónde llegaría su poder. Pero el transcurso de un tiempo definido como acelerado en la creación de un Estado no sostenible o de sostenimiento reducido, monstruoso en su capacidad de intervención, voraz en la necesidad de allegar recursos, ha demostrado la innecesariedad de tales instituciones.

Las diputaciones que tantos y tan sólidos servicios prestaron a los ayuntamientos y al equilibrio territorial del Estado, se muestran inútiles, caras, de competencias solapadas con las del Estado, las comunidades autónomas o eventualmente los propios ayuntamientos. Su declinante papel, que históricamente no merecen, las convierte en máquinas de gasto ineficiente o en cementerio de elefantes políticos. Será difícil delimitar técnicamente una sola competencia de las diputaciones de régimen común que no pueda ser asumida por el Estado o cualquiera de las administraciones territoriales.

Generan un gasto total, en gran parte improductivo, aproximado a los 22.000 millones de euros de los que cerca del 10% corresponde a las ocho diputaciones andaluzas, porcentaje superior si deducimos de aquel montante el presupuesto conjunto de las diputaciones forales.
Además los más de 3.200 organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles participadas o íntegramente de capital público que circulan en la Administración Local, suponen un entramado nada transparente, ineficaz y obstaculizador del desarrollo económico.

Hace pocos días, un importantísimo diputado del PP censuraba a quienes solicitan una inmediata y gradual desaparición de las diputaciones con el infeliz argumento de que los críticos "no han pensado qué hacer con los funcionarios". Pobre y falaz argumento. Como si los magníficos y sólidos cuerpos técnicos de estas instituciones no fueran integrables en su totalidad en las administraciones autonómicas, enriqueciéndolas y prestando idénticos servicios. Como si no existiera experiencia en la absorción por éstas de los funcionarios transferidos desde el Estado.

Lo que no parece querer abordarse es la reforma constitucional que permita un Estado más ágil y operativo. El crecimiento de la riqueza solo será posible reduciendo gastos, no subiendo impuestos y ampliando el endeudamiento. Mantener el Leviatán actual, mostrará la provisionalidad de cualquier mejora económica.

Quizá sea intentando lo posible como se realiza lo imposible.