La Opinión de Javier Pipó

LA AZOTEA

LAS CLÁUSULAS

5 de Noviembre 2013

 

Hoy se ha conocido un auto judicial del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba parecido a los edictos imperiales, al ius edicendi, que solo el soberano emitía. Es auto que trata de restablecer la justicia negada al “consumidor” de créditos hipotecarios. A los “consumidores de servicios” de Cajasur, engañados con técnicas “opacas y poco transparentes” en el decir de un Diputado cordobés, representante del pueblo burlado y soberano.

Miren, este tema es muy grave y a él me quiero referir no desde la crítica jurídica, terreno en el que no me considero especialista, sino desde la perspectiva sociopolítica. Y quizá deba comenzar diciendo que tanto la Sentencia, de la que trae causa, como el auto que pone la guinda, me parecen actuaciones judiciales contrarias al orden social, al bien común y a los intereses generales.

El juez, en un Estado de Derecho, no está para crear condiciones justas de convivencia, sino para impartir justicia mediante la interpretación de las leyes promulgadas por el legislador. El juez no puede ser “sensible” a la presión social al impartir justicia, sino imponer el imperio de la ley para restablecer aquélla. Cuando se actúa invadiendo un terreno que no corresponde se aplastan los intereses generales, también de los consumidores. De manera que dice el Juez que las dichosas cláusulas suelo, “crean desequilibrio sustancial en los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor” ¿Y quién es el dichoso consumidor? ¿Acaso no es una de las partes que intervienen en el contrato bilateral el que se fijan derechos y obligaciones recíprocas? Ahora parece que consumidores somos todos, como ente colectivo y genérico, a preservar con prioridad y en consecuencia conducible con docilidad por el populismo reinante.

¿Cómo se puede de una parte decir, que las cláusulas suelo no son nulas en sí mismas y por otra que solo serán aquéllas incluidas con falta de transparencia? ¿Cómo se puede mantener que la falta de transparencia consiste en no facilitar la misma información sobre las condiciones de interés o de la existencia de la cláusula abusiva, existiendo una gran variedad de ellas? ¿Cómo se puede señalar que la carga de la prueba no corresponderá a los presuntos perjudicados en sus demandas individuales, sino a la entidad, que debe acreditar la falta de información. ¿Cómo la acredita? ¿Y los notarios y registradores, ya no sirven, por retrógados?

Miren, Cajasur se encontraba en bancarrota y está saliendo a flote por el trabajo de sus empleados y el apoyo de sus “consumidores”. Pero también porque una Entidad prestigiosa quiso apostar por el progreso de una zona en regreso social y progresiva pobreza, liderada por el más reaccionario peronismo durante más de treinta años. ¿Cuántos de sus más de 2.000 trabajadores serán victimas de jurisdicciones equivocadas? ¿Quién les consolará diciendo que perdieron su puesto de trabajo pero ganaron los consumidores?

Este no es el camino. Ya está bien de historia desgarrada de un pueblo que tras 35 años de franquismo le siguen otros 34 de populismo delirante. Olvidense de Gates y sus inversiones en FCC. Aquí no hay más cera que la que arde. Un Estado descompuesto en el que dejaron de funcionar sus tres Poderes. Aquí falta seguridad jurídica, que los Poderes Públicos sean predecibles y que la sociedad valore y defienda sus Instituciones. Si no, solo queda la ruina.