LA OPINIÓN DE JAVIER PIPÓ

 

LA AZOTEA

 

EL DERRIBO

24 de Abril 2021

 

 

 

No ocurren más que coincidencias, a cual más desgraciada y letal para la libertad y la democracia en España. Y parece no haber sino comenzado una tarea muy planificada, coordinada y sistemática para derrumbar la Monarquía parlamentaria, la Constitución de 1978, y en definitiva todo el sistema civilizado de convivencia, paz, progreso y bienestar. Y sería arriesgado especular sobre la posibilidad de que pueda ser conseguido, a pesar del conjunto de condiciones objetivas que parecen coincidir para el gran golpe definitivo.

Y alguna de las condiciones óptimas parecen concordar. Desde la pandemia que no cesa en ola universal devastadora y temor generalizado en la población, hasta las fechorías inenarrables de un Gobierno descarado y felón que se sirve del comunismo tan anticuado, devastador y peligroso como siempre, aliado además al peor desecho político y moral de la sociedad. ¿Y Europa? pues ya digo, en trance; en aparente pero difícil despertar de lo que parece un letargo definitivo. Pero miren, al menos ha repuntado, en ataque de digna sensibilidad, al escuchar el imponente quejido de la judicatura española, reaccionando al intento bolivariano/sanchistacomunista, de neutralizar la independencia del Poder judicial y en consecuencia, la separación de poderes. Y por ahora ha tenido éxito porque el desmoronamiento del Poder Judicial parece quedar para mejor ocasión.

Pero no creo sea suficiente para abarcar todos los sectores sobre los que se despliega la sombra negra del autoritarismo. Ahí tienen la vergonzosa utilización del BOE del día 23 de Abril, con ocasión de publicar, para su inmediata y perniciosa entrada en vigor, la LO 5/2021, derogando – por un ordeno y mando de la mayoría maliciosa- el número 3 del artículo 315 del Código Penal. Pero lo más miserable y desconocido en la Historia democrática española desde la Restauración es que, en su Preámbulo o Exposición de Motivos, se deslice maliciosa y antidemocráticamente el siguiente párrafo: Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. Era impensable, pero si posible. Una fechoría de tal calibre se pone a la firma del Rey, que por respeto a la Constitución y su artículo 62, debe sancionar y promulgar. Pero claro, también debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, sin que nadie sepa con exactitud cómo se lleva a cabo cuando las instituciones, casi todas, están en manos de enemigos declarados del Texto Constitucional y del Rey, Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia del Estado mismo. Ciertamente que la rubrica no constituye un acto propio de los citados en el artículo 65 CE y en consecuencia es refrendado por el llamado Jefe del Gobierno. Pero ¿y si el Rey, en cumplimiento de su papel constitucional de árbitro y moderador, se hubiese negado a firmar tan sectaria como histórica provocación?

O como pasar por alto la también provocativa, grosera y contraria a las formas vigentes en los países democráticos, intervención ante el Congreso de los Diputados del llamado con desmerecimiento Presidente del Gobierno del Reino de España, con loas tan ahistóricas como injustas y desubicadas, en el 90 aniversario de la proclamación de la II República. Y ello sin mencionar siquiera los históricos servicios de la Monarquia al constitucionalismo democrático, pacífico, como cauce de libertad y progreso. Un ataque descarado que pasa de castaño y anticipa la borrasca constitucional en ciernes.

De manera que las pocas formas de respeto institucional que van quedando son progresivamente absorbidas por la irrupción totalitaria del sanchismo en la independencia de los Poderes y en su separación, como garantía de contrapoder, equilibrio y mutua fiscalización. Y eso, sin necesidad de resaltar el conjunto de normas introducidas en el ordenamiento jurídico, la mayoría mediante decretazo, modificando la tradición, la Historia y su verdad, la moral y el sentir de la mayoría de la Nación, de la que ya no resulta respetable ni su unidad. Aquí, a la razón moral se opone la razón política en la versión sanchistacomunista. Es el nuevo Orden político y su Ministerio de la Verdad que se aproxima, donde la relación poder/sumisión y mando/obediencia no necesitará ni justificaciones externas.

La batalla de Madrid, con o sin debates inútiles, con o sin montajes peliculeros, que ojalá no obedezcan más que a la fantasía de la extrema izquierda presuntamente perdedora, está marcando el fin de una etapa democrática de vanguardia y el comienzo de otra orweliana, donde el autoritarismo arrasará el progreso y la libertad. Y que el peso de la Ley se desplome sobre los violentos y los que amenazan con impunidad. Las democracias no las conducen los iluminados ni los líderes, sino las Instituciones y el Derecho. Pero esta democracia se desmorona por derribo, porque arrincona la libertad.