La Opinión de Julián Delgado

Artículo publicado ayer, día 24 de Marzo, en el Diario “Ultima Hora” de Mallorca y que por razones indeseadas no pudo editarse en este BLOG, el anterior jueves día 22

 

 

LA UNIVERSIDAD DEL CRIMEN

Julián Delgado. Escritor

        La Constitución, al establecer que el fin de la pena se dirige a la reinserción social del condenado, sin mencionar, tal vez por demasiado obvia, su función preventiva y punitiva, no hace otra cosa que brindar al sol. Si la reinserción fuera su única función, las prisiones deberían desaparecer.

        La Ley General Penitenciaria (LOGP) asigna a estas instituciones tres funciones: la reeducación social de los presos, su retención y custodia, y la asistencia y ayuda para internos y liberados.

        El resultado es que la función instrumental de la prisión es la contraria a la deseada; en lugar de un espacio educativo para la reeducación de delincuentes, las prisiones se han convertido en eficientes universidades del crimen. Los programas de tratamiento, además de llegar sólo a una reducida minoría de los presos, se alejan de la regulación legal y de las condiciones que debieran tener según la doctrina para ser eficaces. Además, al aplicarse sólo a los internos de buena conducta, más que un medio para resocializar se convierten en instrumentos para garantizar la disciplina en las prisiones.

       El cumplimiento estricto de la legalidad no garantiza la gobernabilidad de la cárcel y, por tanto, la LOGP es una de las leyes más violadas e incumplidas. Con alta mortalidad por causas no naturales; con un gran  número de presos enfermos (muchos mentales) sin tratamiento médico especializado; las altas tasas de encarcelamiento, ronda los 60.000 internos (la tasa es tres puntos superior que la media europea, en un país con uno de los índices de criminalidad más bajos), dificultan cualquier intento reeducador y fomentan las relaciones entre delincuentes y el aprendizaje de nuevos delitos.

        El legislador se conformó con establecer los principios para humanizar el sistema penitenciario sin crear las condiciones necesarias y sin asignar los recursos imprescindibles para hacerlo viable.

        Tras el debate sobre la derogación de la cadena perpetua revisable no hay ningún deseo de instaurar un modelo penal ejemplar, su único objetivo es erosionar al adversario político. Mientras, el coste social es altísimo y no menos el económico: 117 millones de euros  al mes (1950 por interno), muy superior a la media europea.