LA OPINIÓN DE JAVIER PIPÓ

La Azotea

ASALTO AL ESTADO

10 de Septiembre 2017

      Con razón, resulta inevitable la gran pregunta casi diaria que se realizan y me intentan arrancar tantos, no sin cierta dosis de angustia, preocupación y miedo. ¿Se puede defender la integridad territorial de la Nación española y en consecuencia su soberanía? La pregunta tiene difícil respuesta porque habría que realizar una pregunta previa: ¿se quiere defender la soberanía de la Nación española y su integridad territorial? Pues la respuesta a la previa es que no parece que los poderes públicos – en los últimos cuarenta años-  hayan puesto excesivo celo en la conservación de ambos elementos esenciales que definen el Estado, nuestro Estado. Es verdad que ahora, los últimos días, la preocupación invade los medios oficiales o no. Y nadie sabe cómo se salvará la situación aunque quizá es tal la chapuza independentista que parece se desinfla la soberbia del nacionalismo burgués, enloquecido y trincón, espoleado y utilizado precisamente por quienes de nacionalistas solo tienen la ocasión para intentar un inicio de asalto al sistema, hasta su derrumbe. Quizá podría quedar reducido por ahora, a un peligroso problema de orden público.

      Es que desde la vigencia del nefasto Título VIII de la hermosa Constitución del 78, y enmascarado en él, el independentismo, el histórico y el antisistema – en Cataluña y en parte en el País Vasco - han logrado ir ocupando el espacio soberano del Estado hasta casi su completa expulsión, cual es el caso espeluznante de Cataluña. De manera que de facto logra convertir sus instituciones en estatales e ir alcanzando ejercer todo el Poder, casi en exclusividad. Pues ya ven, para convertirse en sujeto de Derecho Internacional Público, no se necesita – no es poco- más que ejercer el Poder no discutido por ningún otro sujeto y ser reconocido internacionalmente. Lo primero casi está logrado; el reconocimiento internacional es cuestión de tiempo y de intereses. Máxime en tiempos de soberanías compartidas. Diga lo que diga ahora la UE constreñida con sus gigantescos problemas a no abrir otros frentes.    

      Miren, efectivamente el nacionalismo es un estado de ánimo, pero el ánimo ha sido alimentado concienzudamente durante decenios y generaciones,  hasta convertirlo en religión. A ello dedicaron su devoción la escuela, las universidades, medios de comunicación, administraciones públicas, púlpitos, cenáculos intelectuales, hasta transformarlo en verdad única, en pensamiento único- ahora sí- del independentismo pleonásticamente nacionalista. Y ya digo, la teoría del catalanismo no era más que lo que denominaban “normalización” política y cultural de Cataluña, que desde 1713 y el triunfo francoespañol comienza una lucha más o menos soterrada por la identidad catalana. De manera que si Valentin Almirall, fundador del catalanismo político, decía que la regeneración de España tiene que venir de Cataluña, España ha considerado y marginado como tarea menor, regenerar el nacionalismo catalán. Así, hemos asistido decenio tras decenio a la huida del Estado en su obligación de contrarrestar mediante la educación y la contrainformación el avance aparentemente imparable del nacionalismo independentista. No se ha puesto impedimento alguno al incumplimiento reiterado de Sentencias del orden jurisdiccional y no digamos del TC y además en los últimos años- basta pensar desde 2010- se ha inundado con más de 70.000 millones de euros el trapicheo, la corrupción, el mal gobierno y el ansia independentista. Jamás serán devueltos. Una política ciega, cuando no estúpida.   

      Y en cuanto a la pregunta, si se puede defender la integridad territorial y en consecuencia la soberanía, pues mi respuesta es: no está previsto. Bueno, está previsto en la Constitución, pero quizá no llegue a su aplicación como ya he referido en ocasiones anteriores. Por ejemplo, la claridad meridiana del artículo 8 con las FFAA; el artículo 55, en relación con el artículo 116 con la suspensión de las garantías constitucionales o el famoso artículo 155 con el cumplimiento forzoso de las obligaciones de las CCAA. Pues desconocemos a menos de un mes si todos ellos – en vigor- entran en la proporcionalidad que dice el Presidente del Gobierno. Y claro, queda la aplicación del Código Penal a este sindicato de tuercebotas. Pero ya ven, aquí los únicos delitos que se contemplan son malversación, desobediencia o prevaricación, es decir delitos contra el Poder administrativo que diría el maestro García de Enterría. ¿Y el orden constitucional quién, cuándo, cómo se protege y defiende? Pues no está previsto. Sin embargo si lo previeron los legisladores en el CP de 1870 como “Delitos contra la Constitución” de 1869 o los 97 artículos del CP de 1932, dedicados a lo mismo. Y hasta ahora, porque la reforma del CP de 1995 requiere para la rebelión (arts. 472 y ss) “alzarse violenta y públicamente” y para la sedición (arts.544 y ss) “alzarse pública y tumultuariamente”. Qué maravillosa estupidez.

      El asalto al Estado en proceso, se radicaliza porque está dirigido por el cutre comunismo castrochavista y si esto no gira marcadamente, tras el 1Octubre comenzará una nueva fase. Pero no debe olvidarse que la humillación del orgullo nacional afecta profundamente a las viejas clases rectoras, a la burocracia y a las clases medias. Ojalá no se repita la Historia.