Tribuna abierta de opinión

Instituciones,Democracia y Libertad

lunes, 9 de enero de 2017

La Opinión de Javier Pipó.

La Azotea

EL TRILLAZO
9 de Enero de 2017

    Y cuando parecía que el horizonte 2017 se presentaba algo más cálido que el desaparecido año en fuga, nos llega el ilustre Embajador en la Corte de San Jaime con un marrón ya casi olvidado y descolorido, pero dispuesto a tomar un tinte más bien multicolor en su viveza, con predominio del negro en su pesambre. Aquí se aprovecha cualquier migaja aunque esté endurecida por el paso de los años o sea penalmente irrelevante o insignificante a estas alturas para reclamar responsabilidad; pero verán cómo encaja en la estrategia imparable de agitprop en marcha. Y ya me dirán comparado con las historias políticas para no dormir que nos esperan. Fíjense que la leal oposición del Régimen – que es toda- no repara en tomar como homilía nada menos que un Dictamen del prestigioso Consejo de Estado. Y claro, uno por lo que oye, parece que pocos han leído sus 82 páginas, y los que lo hicieron casi les da lo mismo, que les da igual lo que diga o deje de decir. Por ejemplo, si pudieron o tuvieron curiosidad por ver y escuchar en la TV de la izquierda pura, dura y extrema el debate o así, sobre el Yak 42, observarían un Bono otrora blandón, destilando demagogia viva, mal estilo, resentimiento y quizá odio; impropio de las responsabilidades de Estado ocupadas, incluido el Ministerio de Defensa; siempre fue actor de primera magnitud, pero su retiro a otras aventuras emocionales no le autoriza a mítines tan penosos como el emitido en cadena, que sepa no es la suya. Otros empleados allí presentes, no hicieron más que cumplir con sus obligaciones profesionales de agitadores.     

     Miren, el Consejo de Estado es una ilustre y docta Institución, de larga trayectoria, ubicada en el artículo 107 de la Constitución, es decir que en su clasificación sistemática pone fin al Título IV titulado del Gobierno y la Administración y no al VI del Poder Judicial. Por eso, queda constitucionalmente definido como “Supremo Órgano Consultivo del Gobierno”. Su Ley Orgánica reguladora, modificada en 2004, le atribuye funciones de asesoramiento al Gobierno, mediante Dictámenes que no son vinculantes y en su caso pueden ser facultativos. Sin duda, la solidez de sus argumentos objetivos, resultan difícilmente rebatibles desde el punto de vista jurídico, siendo fuente para estudiosos del Derecho Administrativo y referencia de la doctrina. Y desde luego, su Cuerpo de Letrados es el más prestigioso de la Administración española, incluida la Institucional, cuyo acceso por rigurosa oposición solo está al alcance de mentes privilegiadas en el logos jurídico, el razonamiento complejo y la aplicación exacta del Derecho.

     ¿Y qué ocurre con el Dictamen emitido en Octubre de 2016 para semejante revuelo? ¿Acaso condena al Embajador o solicita sea enjuiciado por indicio de responsabilidad penal? ¿Acaso por cualquier otro presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra la Administración Pública, en cualquiera de sus posibles variedades, por ejemplo prevaricación o cohecho o tráfico de influencias o malversación o corrupción en transacciones comerciales internacionales? porque piden hasta la depuración política en su plaza de funcionario o la fulminación inmediata en su cargo. Nada de eso. Responde a la pregunta del Gobierno sobre las solicitudes de indemnización formuladas por 55 de los familiares de militares fallecidos en el desgraciado y seguramente evitable accidente aéreo ocurrido en Turquía en mayo de 2003. Y el Consejo, tras 82 páginas de relato y motivación aconseja desestimar las reclamaciones sometidas a consulta, al haber recibido por pluralidad de vías compensaciones consideradas adecuadas. También las derivadas de los repugnantes delitos de falsedad cometidos por funcionarios públicos en la identificación de los cadáveres, condenados ya por la Audiencia Nacional.

     Aquí, con independencia de consideraciones de índole moral sin cabida en este comentario, interesa resaltar que el Dictamen vincula el funcionamiento de la Administración militar con el contratista del avión siniestrado, sin admitir desapoderamiento alguno en las competencias que le son propias en cuanto al seguimiento y control del contrato firmado. Resulta penoso comprobar el desprecio de los órganos competentes ante los avisos sobre lo vetusto del avión, procedente del paraíso soviético, y la desvergüenza para un Estado de Derecho y casi moderno, que la adjudicación se realice al quinto subcontratista, con reducción del precio inicial de 149.000 € al final de 38.442 $. Pero miren, a los que hemos tenido ocasión de conocer muy de cerca la gestión, la contratación pública o el control interno de la Administración ya sea en su vía general o la específica económica y financiera, todo el relato del Dictamen nos resulta muy conocido y hasta en relieve. Alguien debería explicar que salvo la Tributaria y la Admón. de la Seguridad Social, hace años que en las Administraciones Públicas, sobre todo las Autonómicas – sí, desde luego la andaluza- y la Local, les fueron neutralizados, cuando no anulados sus órganos de control o simplemente desnaturalizados hasta la indecencia. De manera que si las responsabilidades políticas por los desmanes ocasionados hace años, trece como en el presenta caso, son exigibles hasta los niveles de Ministro o Consejero, e investigables incluso por la Sexta, desaparecerían cientos de políticos, algunos sin haber llegado siquiera a conocer que se encontraban en el ojo del huracán corrupto.


    Quedan unos meses hasta las elecciones que presumo este mismo año, duros y penosos para la Nación, su unidad y supervivencia, así como el progreso. Los enemigos del sistema y la libertad son cada vez más fuertes y los constitucionalistas retroceden hacia el desarme ideológico y su defensa de la democracia. Europa se desmorona como proyecto y tendrá que aprender incluso a defenderse sin el paraguas yanqui y con la dificultad de un libre comercio en crisis. Aquí parece abandonarse hasta el obrerismo por el hedonismo de una sociedad de la abundancia. Con Orwell, en una época de engaño universal, decir la verdad se convertirá en acto revolucionario. Ya veremos.      

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