La Opinión de Javier Pipó

EL RETRODECRETO o HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

Javier Pipó Jaldo

Este es comentario para no escribir, por su aspereza y penosidad, pero seguramente brota como obligación cívica y democrática. Es servidumbre de un sistema o modo de vida superior, en que consiste la democracia. El mejor sistema de los conocidos y el más civilizado, único para convivir y avanzar, para que pueda germinar y desarrollar su potencial la dignidad del ser humano en sociedad.

Pero unos desapresinvos, han violado en cuarenta y ocho horas dramáticas, las reglas de juego de un sistema imprescindible para poder homologarnos a los mejores de la historia social europea.

Muchos ingenuos demócratas quisimos ampliar cierto margen de confianza por si el transcurso de estos años en contacto con la Europa de la Ilustración les infundía respeto hacia el ordenamiento jurídico y la Constitución. Pero no, la desprecian, pretenden rebasarla. Están enfermos de resentimiento ciego e histórico que seguro no le transmitieron sus mayores, sino que quizá adquirieron en un sistema educativo escaso y viciado de sectarismo e ideología totalitaria.

Son ambiciosos, alejados de la ética y la moral social. No permiten autonomía de la persona, en el protagonismo de su vida, como ser individual, como persona humana. Prefieren lo colectivo, que se mueve dirigido por mensajes cortos, lineales, pasionales, irracionales, casi siempre ahistóricos. Pero que pueden manipular desde la vanguardia donde siempre aparecen situados y aprovechando para sí y los suyos privilegios que jamás alcanzará la masa que les sigue.

Creía que pasó el tiempo de hacer prevalecer los valores del orden y la religión sobre la democracia y la libertad porque a la postre, estos últimos sustentan los primeros. Pero aquí no prevalece ninguno de ellos porque los valores que por naturaleza deben ser permanentes para permitir el desarrollo social, hace tiempo desaparecieron. Solo perdura el relativismo, el utilitarismo y quizá el nihilismo.

Pero es lo que hay y si ayer ponía de manifiesto en EL DECRETILLO algunas magnitudes preocupantes de una Andalucía empobrecida y en retroceso de lo avanzado, hoy tras el retrodecreto me reafirmo en el pronóstico más negativo e indeseable.

De manera que el primer Decreto justifica en su preámbulo quitar las competencias “a fin de asegurar la máxima eficacia de la acción administrativa” y veinticuatro horas después argumenta con todo descaro y con idénticas palabras el volver a reponerlas.

No cabe mayor desprecio a la inteligencia andaluza que cuenta con ciudadanos preparados, gente sensata y educada, así como brillantes juristas e intelectuales o funcionarios que quemaron años preparando duras pruebas para entrar al servicio de un Estado regido por el imperio de la ley y no al servicio de asaltacaminos, capaces de utilizar las instituciones para el saqueo sistemático de sus estructuras.

Susana Diaz se destapó con torpeza y premura. Ha demostrado falta de temple y sentido común. El puesto le viene grande para sus escasas dimensiones, es mucho arroz para poco pollo.

Ella creía que gobernar es lanzar eslóganes vacíos, poner cara de niña buena y voluntariosa, sin necesidad de una experiencia previa y mayores y mejores conocimientos de historia, filosofía, economía o derecho, tal como nuestros clásicos recomendaban al Príncipe. Es la prueba de una Nación capaz de ponerse en manos de insolventes generados por la maquinaria de partidos que solo buscan la descalificación del contrario y el provecho propio. Salimos del zapaterismo y ahora nos azotan sus herederos aventajados.

Si un Consejero del Gobierno, comunista o no, comete ilegalidad, tras los asesoramientos jurídicos pertinentes se le cesa y se repone el orden jurídico perturbado y de resultar necesario se imputan las responsabilidades administrativas o penales que procedan. Ya me dirán la necesidad de modificar el orden competencial establecido.

Y si se entiende que resulta peligroso entregar determinadas responsabilidades a socios de Gobierno, se rompe la coalición y se gobierna en minoría o se convocan elecciones. Coaligarse con socios comunistas es un riesgo seguro – ya veremos Extremadura – cuyas consecuencias a veces carecen de retorno.

Pero sentenciar en una noche o dos, entre políticos insolventes, si una decisión de gobierno vulnera o no el ordenamiento jurídico es un atropello y una burla. Ellos, en plan retador resuelven lo que a la justicia corresponde, en una visión totalizadora y peligrosa del poder. Máxime cuando en el intermedio se han producido dos normas con consecuencias jurídicas.

Los Decretos a mi juicio son ilegales y con base suficiente para su impugnación en la jurisdicción contencioso administrativa, al vulnerar la teoría de los vicios absolutos o radicales y más en concreto el vicio definido por García de Enterría como “desviación de poder”. Pero su anulación carecería de consecuencias prácticas y nada enmendaría la humillación total sufrida por la Presidenta de la Junta y representante ordinaria del Estado en la Comunidad. A lo largo del día de hoy, los comunistas exultantes por el triunfo, dan gritos a la revolución y la república.

Creo que este cambio de opinión radical, vergonzoso e ilegal, algún día nos enteraremos, pudiera relacionarse con amenazas explícitas o implícitas de sacar a la luz cuestiones aún más sorprendentes de las que circulan – es un decir - por los mentideros judiciales.

La ya insignificante Susana, con su extrema torpeza, se ha burlado de los ciudadanos de Andalucía y en consecuencia debe abandonar inmediatamente el cargo, aprender un oficio y empezar a trabajar en vez de vivir del trabajo de los demás. Mientras, en Andalucía, el Estado de Derecho, se encuentra agredido y agónico.

Que de unas elecciones limpias y democráticas salgan nuevos gobernantes, por si esta vez el pueblo andaluz considera que no siempre hablando se entiende la gente.