EL DECRETILLO
Javier
Pipó Jaldo
Hoy aparece en el BOJA, campo de
tantas batallas inútiles al progreso, un Decreto de la Presidenta de la Junta
modificando el orden competencial de la camarada Consejera de Fomento, que
traslada a la de Hacienda, gloria pasada de la Intendencia necesaria y del
descontrol consentido.
Que quieren que les diga, no me
interesa el contenido del que será famoso Decreto sino su oportunidad. Me
interesa el metadecreto. Y claro, soy consciente que dicho así lo devalúo y no le doy más rango que decretillo,
dentro de ordenamiento jurídico tan ancho como un océano que acumula la
metajunta en más de treinta e incansables años.
Y lo digo sin alarde de finura
analítica, sino como espectador descreído y curado de espantos y pantomimas.
Miren, Andalucía tiene una
historia que apabulla, una riqueza monumental realmente notable, es destino
turístico para millones de personas que gozan de un clima privilegiado y unas
gentes alegres e intuitivas a las que educaron para confiar solo en el Estado.
Este será el que resuelva en última instancia sus problemas y para eso nada
mejor que una pasada por la izquierda, más larga que por el franquismo. Sus
habitantes representa el 18% de la población nacional, aunque su PIB no llega
al 14% a pesar de ocupar el tercer lugar en cuanto a magnitud total.
Pero el problema dramático se
hace evidente cuando se indaga en cifras concretas. ¿Quiénes trabajan en
Andalucía? Porque si las últimas cifras de trabajadores en alta en el sistema
de Seguridad Social no llega a 2,700.000 y el de parados está tocando la cifra
de 1,500.000 personas, pues no se sabe
como cuadrar una cosa y otra, sobre todo si pensamos que sumados este numero
gigantesco de parados con el total de pensionistas, exclusivamente jubilación e
invalidez permanente, otros casi 1,500.000, da una cifra superior a los
ocupados legales. Pues ya me dirán porque empleados públicos, la mayor parte de
los casi 800.000, son laborales una vez descontados los funcionarios y en
consecuencia se supone que en alta.
Las cifras impresionan y
preocupan porque si alguien debe ser objeto de ley de dependencia, esa es
Andalucía. Y ojo, el paro se multiplicó por tres en diez años y el PIB
descendió en 2013 el 1,5%.
Y ahora aparece el decretillo de
una Presidenta en plan estadista que nos exige la lealtad al imperio de la ley
y se lo exige a quienes la Constitución es solo un punto de referencia
desbordable cuando no alcance las expectativas de quienes continuamente la
zarandean por burguesa y neoliberal, lejos de los intereses de las capas
populares, que diría Cayo Lara.
Y lo exige ella, que ha estado en
la pomada de la corrupción de los últimos años de Chaves y Griñán pero cuya
Administración heredada de todos los anteriores ha representado el mayor foco
de corrupción de Europa meridional, en cuyos mentideros siempre, desde hace
muchos, muchos años, se consideraba incompatible legalidad y eficacia. No debe
ponerse tan seria y solemne para este acto histriónico de gobierno aparente.
¿Que debemos felicitarnos porque
se exija el cumplimiento de la Ley? Sin duda y nos alegramos de su energía y
determinación. Pero ni un minuto más. Sin aspavientos, sin actos
preelectorales. Con claridad y transparencia por si todo obedece a una
partitura común y compartida.
De manera que Andalucía necesita
en esta hora clave de su historia económica y social, de cierto dramatismo, una
conjunción de esfuerzos entre socialdemocracia y liberalismo, incluso un
Gobierno de concentración tras unas elecciones urgentes.
Y no siga Señora Presidenta, por el
camino de entregarse a fuerzas reaccionarias de ideología totalitaria que
aceptan el juego en la medida que responda a sus objetivos.Una vez
alcanzados, ojalá nunca ocurra, ni siquiera le permitirán opinar en su régimen orweliano y tiránico.
No dicte decretillos de ida y
vuelta sino normas sensatas que favorezcan el desarrollo de esta hermosa tierra
que si no la California europea, al menos sea la Europa rica de la
libertad, la ilustración y el progreso.
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